La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP), levantó “de forma condicionada y reversible”, el cierre y precinto del camino de Las Bajas, lo que permite de nuevo el acceso a la zona y el retorno de la veintena de vecinos que fueron desalojados en 2021 por riesgo de desprendimientos.
La decisión, formalizada mediante decreto de Alcaldía, pone fin (provisionalmente) a un proceso que se lleva prolongando desde hace cinco años pese a que las obras se preveía que durasen, a lo sumo, cuatro meses.
El documento se apoya en un informe técnico encargado a un ingeniero técnico industrial, que concluyó de forma “condicionadamente favorable” la retirada del cerramiento. Este también advierte de que persiste un “riesgo residual inherente a la naturaleza del terreno” y de que no procede declarar la inexistencia total de peligro, por lo que la reapertura queda sujeta a inspecciones periódicas y al mantenimiento de las medidas de protección.
Las Bajas es un enclave costero situado en la ladera de los túneles de Güímar, entre la TF-1 y el mar, en el sendero que une por la costa los barrios de Agache con El Puertito. Allí se levanta una quincena de viviendas, casas-cueva excavadas en la propia roca.
El origen de este expediente se remonta a finales de 2020. Un informe de la Policía Local del 2 de diciembre de ese año advirtió del “deficiente estado del talud”. El Ayuntamiento lo dio por corroborado. Un documento expedido por ingeniería detectó “riesgo inminente” de fenómenos gravitacionales de peligrosidad alta, si bien se matizaba que la mayoría de las inestabilidades identificadas presentaban “un grado de actividad dormido”.
El 26 de febrero de 2021, el entonces alcalde, Airam Puerta, ordenó su cierre. A comienzos de marzo se ejecutó el desalojo de la veintena de vecinos, con el compromiso municipal de realojarlos y de costear el alquiler durante los cuatro meses que se preveía que durasen las obras.
La obra de emergencia de refuerzo del talud se adjudicó por decreto con un presupuesto inicial de 342.865 euros. En junio, un informe extraordinario de la dirección facultativa elevó el coste total estimado a 1.037.180 euros. Ante esa valoración, la Secretaría General pidió a la Alcaldía que ordenara no continuar los trabajos, y el 26 de agosto de 2021 el entonces alcalde, Gustavo Pérez (CC), decretó su suspensión provisional.
Es por ello que el Consistorio local ha desembolsado hasta la fecha 518.988,78 euros por la primera sentencia y afronta una segunda resolución pendiente de 231.290 euros, de modo que el coste para las arcas municipales rondará los 750.000 euros, más los intereses, es decir, el doble de lo presupuestado.
La declaración judicial de Puerta, firmante de los decretos de emergencia y desalojo, resultó determinante para que la sentencia favoreciera a la contrata, la cual ejecutó los trabajos sin concurso público alegando “la situación de emergencia”.
Mientras tanto, los vecinos encadenaron años de incertidumbre. Algunos regresaron de forma intermitente a sus casas, terminando siendo desalojados. Las ayudas al alquiler tardaron en llegar, arrastraron problemas de tramitación y no fueron prorrogadas algunos años.
La situación de Las Bajas fue uno de los argumentos de la moción de censura que, en agosto de 2025, devolvió la Alcaldía a Carmen Luisa Castro, que situó entre sus prioridades atender a los afectados.
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