La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha actuado con firmeza tras los vergonzosos incidentes ocurridos en la capital grancanaria. Según ha informado el Ministerio del Interior, se ha propuesto una sanción a utras de Las Palmas y RSD Alcalá que asciende a 5.000 euros de multa y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de 12 meses para un total de 11 individuos identificados en la trifulca.
Los hechos se remontan al pasado 19 de octubre de 2025, cuando las calles aledañas al anexo del Estadio Gran Canaria se convirtieron en el escenario de una auténtica batalla campal. Lo que debía ser una jornada de fútbol de Segunda Federación entre el filial amarillo y el conjunto madrileño, terminó empañado por la violencia radical de dos grupos organizados.
Detalles de la sanción a ultras de Las Palmas por infracción grave
La resolución de la Comisión es clara y contundente. Los 11 sancionados, vinculados a los grupos radicales Ultra Naciente (UD Las Palmas) y Brigadas Alcalaínas (RSD Alcalá), participaron activamente en una riña tumultuaria que puso en peligro la integridad física de los vecinos y aficionados que se encontraban en la zona.
La normativa aplicada es la Ley 19/2007 contra la violencia en el deporte, calificando los actos como una infracción grave. Las autoridades han subrayado que el lanzamiento de objetos contundentes como sillas, piedras, botellas y bengalas justifica la severidad de la propuesta económica y la inhabilitación para entrar a cualquier evento deportivo en territorio nacional durante un año completo.
Una batalla campal dos horas antes del partido
El informe policial detalla que la pelea se produjo aproximadamente dos horas antes del inicio del encuentro. Los grupos radicales se citaron en las inmediaciones, desatando el caos con tácticas de guerrilla urbana. El uso de material pirotécnico y objetos de mobiliario urbano como proyectiles obligó a la intervención inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Consecuencias para los implicados y el entorno deportivo
Además del golpe económico que suponen los 5.000 euros de multa individual, la prohibición de acceso supone un control estricto de las bases de datos en las puertas de los estadios. Los infractores deberán presentarse en dependencias policiales o cumplir con los protocolos de control establecidos para asegurar que no vulneran la prohibición de 12 meses.
Desde el entorno del club grancanario siempre se ha mantenido una postura de condena ante cualquier acto violento que utilice el escudo de la UD Las Palmas como excusa. No obstante, la magnitud de esta riña tumultuaria ha obligado a las instituciones estatales a tomar cartas en el asunto para evitar que estos incidentes se repitan en futuras jornadas de la Segunda Federación.
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