Un grave caso de fraude sacude a la gestión de comunidades de propietarios en Canarias. La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado una pena de cuatro años y seis meses de prisión para una oficial administrativa. Se le acusa de un presunto delito de apropiación indebida tras haber desviado un total de 63.589,62 euros pertenecientes a diversas comunidades de vecinos en Las Palmas de Gran Canaria.
Según detalla el escrito de acusación del ministerio fiscal, la procesada se valió de su posición de confianza en una empresa de gestión para ejecutar un elaborado plan de desfalco.
En total, llegó a realizar 31 transferencias bancarias desde los fondos de los inmuebles afectados directamente hacia tres cuentas de su propiedad, un goteo de dinero ilícito que se prolongó durante más de un año.
El astuto método para camuflar el dinero
El modus operandi utilizado por la investigada estaba diseñado para no levantar sospechas entre los propietarios ni los administradores de los edificios. La mujer colocaba en el concepto de cada movimiento bancario el nombre de empresas proveedoras que prestaban servicios habituales de mantenimiento, limpieza o reformas en los edificios afectados.
La acusada logró mantener el engaño de forma continuada, ocultando los desvíos contables hasta que fue despedida de su puesto de trabajo por la empresa gestora.
Gracias a esta maniobra de camuflaje, la trabajadora evitó ser descubierta por los mecanismos de control internos. No fue hasta que se extinguió su relación laboral con la firma cuando las auditorías y reclamaciones de saldos destaparon el agujero financiero en las cuentas vecinales.
Una empresa al borde de la quiebra por el fraude
El impacto económico de este delito ha golpeado con dureza a la empresa para la que trabajaba la acusada. Al ser la responsable subsidiaria de la gestión, la firma ha tenido que asumir el pago total del dinero sustraído frente a las comunidades de propietarios afectadas, garantizando que los vecinos no perdieran sus fondos.
Para poder afrontar este inesperado y masivo desembolso, la empresa se vio obligada a solicitar un préstamo bancario de 40.000 euros. Esta operación financiera de emergencia ha agravado el perjuicio económico, generando 6.009,08 euros adicionales en intereses y una comisión de apertura de 200 euros.
Hasta la fecha, la procesada solo ha devuelto 5.000 euros a la entidad damnificada.
Petición de penas de la Fiscalía
Por todo ello, la Fiscalía Provincial de Las Palmas reclama que la acusada indemnice a la entidad con un total de 69.798,70 euros en concepto de responsabilidad civil, una cifra que engloba el dinero desviado de las comunidades y los gastos financieros derivados del préstamo que la empresa tuvo que pedir.
Además de los cuatro años y medio de cárcel, el Ministerio Público solicita la imposición de una multa de diez meses con una cuota diaria de 20 euros.
El caso, que ha generado una enorme preocupación en el sector de la administración de fincas en el archipiélago, será juzgado próximamente en la Audiencia Provincial de Las Palmas.
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