La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias adjudicó y tramitó una granja marina de grandes dimensiones frente al litoral de Adeje sin trasladar, en ningún momento, el expediente al organismo estatal que gestiona el espacio marino protegido afectado.
Así lo admitió el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en un oficio fechado el 15 de junio, al que ha accedido la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) a través de una solicitud de información pública.
La concesión recayó en febrero de 2026 en la mercantil Socat Canarias S.L., que se hizo con la explotación de la Zona de Interés Acuícola ZIA-TF-5, ubicada entre la playa del Veril y la playa de Troya.
El proyecto contempla 24 jaulas de cultivo de 25 metros de diámetro distribuidas en dos estructuras fijas de 100 por 600 metros, que ocuparían 45 hectáreas de fondo marino para producir cada año3.000 toneladas de lubina, dorada y medregal.
El emplazamiento se solapa con la Zona Especial de Conservación marina Teno-Rasca, declarada dentro de la Red Natura 2000 por la presencia de delfín mular o tortuga boba. Según el plan de gestión del espacio, ese tramo “concentra el mayor número de avistamientos de ambas especies”.
El Ministerio no tuvo constancia del proyecto hasta el 22 de mayo, y no por aviso de la Consejería, sino a raíz del traslado del decreto de oposición aprobado por el Ayuntamiento de Adeje. Para entonces, el Gobierno autonómico ya había resuelto el concurso, seleccionado al adjudicatario y sometido la iniciativa a información pública sin recabar el informe de afección.
El Consistorio presentó sus alegaciones ante el Cabildo de Tenerife, administración competente en la tramitación, según fuentes municipales. En ellas sostenía que la ubicación elegida “no es la adecuada para una instalación de estas características”, al asentarse sobre un “entorno de alto valor ambiental y paisajístico”. Entre sus argumentos figuraban también la protección de este paraje natural singular y otras consideraciones de carácter territorial y medioambiental, que coinciden con las objeciones planteadas por distintos colectivos.
La Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina, gestora de la ZEC, ha actuado de oficio, al reclamar a la Consejería toda la documentación del proyecto y ha comunicado a ATAN que “emitirá el informe en cuanto disponga de ella”. La asociación ecologista no limita sus reparos a la marginación del Ministerio. En las alegaciones que registró en abril mantiene que el procedimiento es nulo de pleno derecho “por la ausencia del estudio de impacto ambiental entre la documentación expuesta al público”.
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