El futuro del conocido, popularmente, como monumento a Franco, ubicado en la confluencia de la avenida Francisco La Roche y la Rambla de Santa Cruz, ha quedado en manos del Ayuntamiento capitalino, actual titular de la polémica escultura del artista Juan de Ávalos. El Consistorio será, por tanto, quien decida ahora, tras el rechazo del Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias a declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) la obra, si dicho conjunto escultórico, que acaba de cumplir 60 años, se mantiene o se retira del espacio público, según explicaron ayer fuentes del Ejecutivo regional.
“Nuestro cometido se basó en la tramitación administrativa del expediente BIC de la obra”, dando así cumplimiento a una sentencia judicial ganada por la asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, defensora de la escultura. “Una vez se ha emitido el dictamen, en el que se ha rechazado no dar protección al monumento por parte de Patrimonio, corresponderá al Ayuntamiento decidir qué hacer al respecto”, detallaron desde la Consejería de Cultura, al frente de Migdalia Machín.
El Ejecutivo deja en manos del Ayuntamiento el destino de la obra de Ávalos, quien ha afirmado que “acatará” lo que dicte la ley canaria de Memoria Histórica. Al respecto, cabe recordar que las principales diferencias entre la ley autonómica y la estatal de Memoria Histórica radican en que la primera adapta los principios de reparación a la idiosincrasia canaria, mientras que la segunda los fija a un marco general.
La ley Canaria (5/2018) está orientada a reconocer y reparar moralmente a las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura, poniendo el foco en la represión particular sufrida en las islas (como en campos de concentración y represión en las costas), mientras que la estatal se enfoca en las víctimas del país, en la retirada de símbolos a nivel nacional y en la investigación de crímenes de lesa humanidad
Asimismo, la ley canaria permite al Gobierno declarar monumentos para el conocimiento de la memoria histórica a lugares y edificios del archipiélago, tal y como ocurrió con el salón de plenos del Parlamento regional. En cambio, la estatal incide en la retira o derribo de símbolos franquistas, salvo los relevantes de formar parte de un inventario de Lugares de Memoria Democrática de interés para el Estado.
Mientras tanto, la batalla judicial y mediática en torno al monumento a Franco, cuya denominación es monumento a la Paz de Tenerife, según defiende la asociación San Miguel Arcángel, continúa. Los defensores de la obra ya han anunciado que impugnarán ante la Justicia el reciente expediente del Gobierno canario para no declarar BIC la escultura, al indicar que existen “irregularidades” en dicha tramitación, tanto en la valoración técnica como en aspectos procedimentales que podrían afectar a las garantías exigibles en el procedimiento patrimonial. Este recurso, de ser admitido a trámite, dilataría tres años más la decisión final sobre la escultura.
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