El monumento a la Paz de Tenerife o a la Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco, ubicado en la confluencia de la avenida Francisco La Roche y la Rambla de Santa Cruz, volverá ante la Justicia tras la reciente decisión del Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que rechazó su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y, por lo tanto, ha dejado sin protección legal a la obra del artista Juan de Ávalos.
La asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, defensora de la permanencia de esta escultura, y quien logró su protección cautelar ante los tribunales, cuya sentencia incoó el Cabildo de Tenerife para cumplir con la sentencia, manifestó ayer que “hemos constado diversas irregularidades en la tramitación administrativa del expediente del Gobierno, tanto en la valoración técnica como en aspectos procedimentales que podrían afectar a las garantías exigibles en este tipo de procedimientos patrimoniales. Por ello, nuestros servicios jurídicos estudian impugnar el proceso dictaminado, lo que dilataría entre dos y tres años la decisión final sobre la obra de Ávalos”.
El presidente de la institución, Luis Sosa-Tolosa, subrayó que “agotaremos todas las vías jurídicas disponibles” para reivindicar que se apruebe finalmente la declaración como BIC del monumento atendiendo a sus valores artísticos, históricos y patrimoniales”, reafirmando así su compromiso con la defensa del patrimonio histórico de Canarias, “alejada de interpretaciones sectarias e ideológicas que quieran utilizar esta decisión, y tergiversando las leyes, con el único fin de destruir una obra única, como asó lo avalan diversos informes técnicos”.
Sosa-Tolosa añadió que “la resolución de la Dirección General de Cultura no deniega la declaración de BIC, sino que se limita a levantar una suspensión de plazos y a ordenar la continuación del expediente. Mientras el procedimiento siga abierto, la ley de Patrimonio Cultural de Canarias (art. 28.2) impone al monumento el mismo régimen de protección que el de un bien ya declarado BIC”.
Recordó que el no ser BIC, “no implica la obligación ni la procedencia de su retirada, pues la protección patrimonial puede y debe analizarse desde múltiples perspectivas históricas, artísticas y culturales, sin su eliminación del espacio público”.
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