Como ya se adelantó en días anteriores, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un alto número de nuevas plazas judiciales por todo el país, de las cuales 33 están localizadas en Canarias, como se dispone en el real decreto publicado el pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Sin embargo, lo que a priori es una buena noticia para los juzgados isleños no es tan beneficiosa a juicio de Intersindical Canarias, cuyo portavoz en Tenerife, David Ortuño, criticó sin ambages que la medida no venga acompañada de la incorporación de más personal, “por lo que la plantilla actual tendrá que asumir este aumento de la carga de trabajo”, declaró a este periódico.
El sindicalista manifestó concretamente que “desde Intersindical Canaria queremos denunciar la grave irresponsabilidad que supone incrementar la plantilla judicial con la incorporación de 33 nuevos jueces sin prever, al mismo tiempo, un aumento proporcional de las plantillas de funcionarios que sostienen diariamente el funcionamiento de la Administración de Justicia”.
“Los juzgados ya se encuentran en una situación límite”, recordó Ortuño antes de añadir que “las cargas de trabajo son inasumibles en numerosos órganos judiciales y la saturación es una realidad conocida tanto por los trabajadores como por la propia Administración”.
Además, el portavoz de Intersindical insistió en la necesidad de esas nuevas contrataciones, pero manifestó su temor de que las intenciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias pasen por “la implantación de planes de actuaciones basados, esencialmente, en prolongar la jornada laboral durante las tardes para intentar absorber el incremento de trabajo”, aunque reconoció que la Consejería aún no ha realizado tal propuesta.
A este respecto, es importante aclarar que es el Ministerio de Justicia quien impulsa la creación de estas nuevas plazas judiciales; pero, como las competencias están transferidas, es el Gobierno de Canarias el que responde a la hora de dotar de medios a los juzgados isleños.
Sea como fuere, es menester detallar el destino de esas 33 nuevas plazas judiciales concedidas a Canarias.
Así, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la norma publicada en el BOE dota de tres nuevas plazas de magistrados en la Sala de lo Social: una con sede en Santa Cruz de Tenerife y dos en Las Palmas de Gran Canaria. Además, se crea la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con tres plazas de magistrado o magistrada, y se refuerza la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con tres nuevas plazas, distribuidas entre la Sección Primera, Tercera y Cuarta.
En cuanto a los tribunales de Instancia, el refuerzo alcanza a varios partidos judiciales del Archipiélago. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se crean plazas en el partido capitalino, Arona, Granadilla y Güímar, mientras que por lo que respecta a la de Las Palmas, corresponden a Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, San Bartolomé de Tirajana y Arucas.
La distribución incorpora plazas en Sección Civil, Sección Civil y de Instrucción, Sección de lo Social, Sección de lo Contencioso-Administrativo y Sección de Violencia sobre la Mujer.
Por órganos, el reparto canario queda configurado de la siguiente forma: tres plazas en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; otras tres plazas en la nueva Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Las Palmas; tres más plazas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife; 13 plazas en Secciones Civiles; tres plazas en Secciones Civiles y de Instrucción; dos plazas en Secciones de lo Social; una plaza en Sección de lo Contencioso-Administrativo, y una plaza en Sección de Violencia sobre la Mujer.
Resta recordar que este real decreto sitúa así a Canarias entre los territorios con un refuerzo judicial de mayor alcance dentro de esta programación estatal, no en balde es la comunidad autónoma con mayor litigiosidad.
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