La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado en su sesión de hoy elevar una queja formal y contundente al Gobierno de Canarias para denunciar “la situación de parálisis material y absoluta que padece el servicio de Justicia en las Islas. Esta grave situación está provocada por una nueva oleada de incidencias sistémicas consistentes en una ralentización extrema y el bloqueo de funcionalidades esenciales de la plataforma de gestión procesal Atlante“.
En información facilitada desde el propio TSJC, “a lo largo de toda la presente semana -y de forma ininterrumpida durante las jornadas del miércoles, jueves y el día de hoy, viernes-, la anomalía técnica ralentiza cualquier trámite ordinario. La principal y más grave consecuencia es el impedimento total para la firma electrónica de resoluciones procesales, lo que provoca la paralización de facto de los órganos judiciales de toda la Comunidad Autónoma al no poder dictarse ni notificarse resoluciones”.
Hay que reseñar que varios juristas ya se habían puesto con DIARIO DE AVISOS para expresar su malestar por este estado de casos, pero es ahora cuando se desvela el alcance del problema, especialmente grave en los servicios de guardia, dado que “al verse afectada la tramitación de actuaciones urgentes e inaplazables, se sitúa la prestación de este servicio público esencial en una situación de extrema gravedad, vulnerándose de forma directa el derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva”, añade el TSJC.
Además, la Sala de Gobierno del TSJC subraya que “no nos hallamos ante un hecho aislado”, por cuanto ya había denunciado estos problemas en al menos tres ocasiones, una este mismo año y las dos restantes en 2025.
Por ello, el órgano de gobierno de los jueces recuerda al Ejecutivo autonómico su responsabilidad en el mantenimiento operativo de las infraestructuras informáticas judiciales. Asimismo, ha querido trasladar a la ciudadanía y a los operadores jurídicos, con total transparencia, que esta paralización obedece exclusivamente a causas técnicas ajenas al Poder Judicial.
Finalmente, la Sala ha acordado comunicar esta incidencia generalizada y concurrente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a su Servicio de Inspección, para que quede debida constancia de que estos fallos técnicos, responsabilidad del Gobierno de Canarias, afectan de manera injustificada al rendimiento y a la normal prestación del servicio por parte de los integrantes de la carrera judicial en el Archipiélago.
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