El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) advierte de que garantizar las garantías procesales de los migrantes -especialmente, de los menores y vulnerables- por los procedimientos acelerados y fronterizos contemplados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo será un “desafío monumental”.
Así lo recoge el informe elaborado por esta entidad -que agrupa a más de un centenar de organizaciones europeas que trabajan con migrantes- después de una visita realizada a Canarias en enero.
En esa ocasión, los representantes del ECRE se reunieron con el Gobierno de Canarias, que expusieron la situación en la que se encuentran los menores -muchos de ellos, refugiados- y las dificultades de la comunidad autónoma para afrontar su acogida con todas las garantías: “Desde centros saturados, poca solidaridad del resto de autonomías o la necesidad de contar con un mayor apoyo para hacer frente al interés superior del menor”.
El ECRE apunta que, si bien el pacto europeo “ofrece algunas oportunidades en términos de acceso más rápido a los procedimientos de asilo, evaluación de vulnerabilidad y atención a solicitantes con necesidades particulares, también plantea importantes preocupaciones relacionadas con la capacidad del sistema; fundamentalmente, en lo que respecta a los procedimientos fronterizos y a la infraestructura de acogida”.
Esta consideración coincide con las preocupaciones ya expresadas por el Ejecutivo canario. El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, incide en que el Pacto Europeo de Migración y Asilo de la UE “precisa de más solidaridad, mayor financiación, protección real a los menores y contemplar la dimensión atlántica de la migración”. Sobre todo, recalca, “requiere dar voz a las regiones frontera en las políticas migratorias”. De otra manera, avisa, “este acuerdo está abocado al fracaso”.
En líneas generales, el documento elaborado por el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados reconoce que el sistema de acogida y asilo en España cuenta con una arquitectura institucional bastante desarrollada y una inversión financiera sostenida, además de grandes esfuerzos para ampliar la capacidad de acogida y reforzar las garantías procedimentales. Sin embargo, entiende que aún existen “desafíos estructurales” que afectan tanto al procedimiento de asilo como al funcionamiento de los sistemas de acogida y protección de menores. A su juicio, los traslados de migrantes desde Canarias a la Península deberían continuar con la mayor agilidad posible para asegurar que la presión sobre los sistemas de acogida no se concentre de manera desproporcionada en las zonas fronterizas y que las personas “no permanezcan durante largos periodos en situaciones de incertidumbre o limbo administrativo”. Se trata de una de las principales inquietudes trasladadas por el Ejecutivo canario tras la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, puesto que su implementación “aún tiene muchas incógnitas”. Una de ellas es que el Reglamento de Triaje permite que los migrantes permanezcan en las islas hasta seis meses, cuando hasta ahora rondaba el mes.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas