Suele decirse que hablando se entienden las personas. Sin embargo, con los rectores de las universidades públicas canarias y la propuesta de financiación plurianual 2027-2030, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín (CC), no termina de tener demasiado éxito. La crítica de Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL) -que el pasado 30 de julio alertaron de que el documento las deja “en jaque”- evidenció el rechazo al borrador, que Machín defendió ayer como “no definitivo ni una imposición del Gobierno”. La consejera anunció además un calendario de reuniones en septiembre para negociar el texto y aseguró que “cuando las propuestas sean realistas, el Gobierno las aceptará”.
El contrato-programa contempla, según Machín, una subida del 16% entre 2027 y 2030, hasta alcanzar 1.242,8 millones de euros para las dos universidades. Sin embargo, las cuentas no convencen a los rectores. Sus cálculos apuntan a un desfase de 15 millones de euros para afrontar los incrementos salariales y cifran en alrededor de 25 millones la pérdida de capacidad de gasto acumulada desde 2022.
La posición del PSOE durante la comisión incidió precisamente en ese contraste entre el “relato triunfalista” del Ejecutivo y las reclamaciones de los centros académicos. Yaiza López recordó que Canarias destina el 3,4% de sus recursos a las universidades, frente al 5% de otras comunidades, y cuestionó que se hable ahora de negociar tras tres años de trabajo.
Más contundente fue la crítica de NC-BC, a través de su diputada Carmen Hernández. La nacionalista progresista rechazó vincular la financiación básica al cumplimiento de objetivos y defendió que primero debe garantizarse el funcionamiento ordinario de las universidades.
“Esto en el sistema sanitario sería equivalente a decir que para pagar el agua y la luz a los hospitales hay que ver a cuántas personas salvan”, comparó. Hernández sostuvo que el Ejecutivo dispone de recursos, pero deja de gastar una media de 1.000 millones al año, y atribuyó a “ineficacia, ineptitud o” una intención ideológica la supuesta estrategia para “asfixiar a las universidades públicas” en favor de la privada.
Otro de los puntos de fricción está en la Ley orgánica del sistema universitario (LOSU) y su objetivo de que la inversión alcance el 1% del PIB canario en 2030. Las universidades sitúan esa cifra en torno a los 600 millones anuales, muy por encima de los 326,9 millones que plantea el Ejecutivo para ese año. Machín considera que alcanzar esa cantidad supondría prácticamente un “milagro” y sería difícil incluso en cuatro años sin el compromiso del Ministerio, que “ni está ni se le espera”.
El pulso queda ahora en la mesa de negociación. Con septiembre como punto de partida, Gobierno y universidades deberán acercar unas posiciones aún alejadas. Pese a ello, Machín asegura que “me consta la voluntad de los rectores de llegar a un acuerdo” y, sobre las discrepancias, afirma: “Me parece perfecto que sean críticos, no quiero rectores que me bailen el agua”.
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