El Ayuntamiento de Arico recibe cada año una compensación valorada en casi un millón de euros por albergar los residuos de toda Tenerife, pero lleva tiempo sosteniendo que esa cifra no cubre lo todo lo que soporta el municipio. El PSOE de Tenerife ha llevado esa reivindicación a otra pantalla, y presentará en el próximo pleno del Cabildo una moción que pedirá desbloquear un nuevo convenio con el Ayuntamiento, pagar la compensación pendiente de este ejercicio y recalcular las compensaciones.
“Prestan un servicio a toda la Isla, y sus vecinos y vecinas soportan las consecuencias. Lo justo es que reciban una compensación adecuada”, afirmó la secretaria general insular socialista, Tamara Raya. Según la moción, el Ayuntamiento “lleva casi once meses sin respuesta formal a la propuesta de convenio que envió en noviembre de 2025”.
La compensación que reclaman está prevista en la ordenanza fiscal de la tasa insular de residuos, que desarrolla el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife (Pteor), que obliga a pagar al municipio que acoge las grandes infraestructuras de la isla y fija cómo debe calcularse, ya sea “en función de la extensión de la ocupación de suelo” o “de la afección que la misma suponga a la economía del municipio”.
Desde 2010, el pago a Arico se calcula sobre los 3,2 millones de metros cuadrados que ocupa el complejo. Su valor se actualiza con el IPC y se le aplica un canon del 6 %. Así, por ejemplo, en 2025 se aprobaron 877.334 euros por el ejercicio 2024.
“Hablamos de olores, molestias y de cómo puede afectar a la vida de los vecinos y a las posibilidades de desarrollo de Arico”, señaló el consejero insular Javier Rodríguez Medina. La moción pide abonar ya la compensación por suelo de 2025, con su IPC y proponen reunir la Comisión Técnica “en quince días” y encargar un estudio independiente del impacto económico, social y ambiental del complejo.
En 2001, el Cabildo y el Ayuntamiento firmaron el llamado convenio de las deseconomías, pensado para compensar el daño económico del antiguo PIRS. Funcionaba con un modelo bajo el cual, en lugar de transferir dinero, el Ayuntamiento proponía las obras que necesitaba y el Cabildo las financiaba. Se acordaron actuaciones de reurbanización de núcleos, infraestructuras en suelo rústico, vivienda y conservación del patrimonio. El convenio se extinguió en 2018 y no se ha vuelto a renovar.
Recuperar ese modelo es lo que pide el alcalde, Andrés Martínez. A su juicio, “era la vía más justa, una manera de darle forma jurídica y fiscal a una compensación para Arico”.
A esa reivindicación de fondo se suma el retraso del pago por el uso del suelo, que afirmó “que todavía no ha llegado”.
Por su parte, el área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias aseguró que los pagos se han mantenido “de la forma establecida, año a año”, con su actualización del IPC. Añadieron que el expediente de más de 900.000 euros correspondiente a este ejercicio “está ahora en la Intervención insular”. Recordaron además que “se han celebrado reuniones técnicas con el Ayuntamiento”.
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