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Tenerife pide a la Delegación del Gobierno reforzar la seguridad para que no se repitan disturbios como en Bilbao y Barcelona 

La presidenta del Cabildo reclama medidas preventivas ante los llamamientos a saqueos, incendios y agresiones a agentes previstos para el 31 de octubre por una red anónima en puntos del sur y la capital de la Isla
Tenerife pide a la Delegación del Gobierno reforzar la seguridad para que no se repitan disturbios como en Bilbao y Barcelona 
Operarios protegen una tienda ubicada en la calle del Castillo hoy, 29 de octubre de 2026 | DA

Tomar medidas de seguridad preventivas para que no se repitan los disturbios de Bilbao y Barcelona. Es lo que ha reclamado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que se ha dirigido hoy al delegado del Gobierno en Canarias para trasladarle su “profunda preocupación” por las instrucciones que circulan en torno a la convocatoria de la plataforma anónima Blocus, fijada en la calle del Castillo de Santa Cruz de Tenerife y en la Milla de Oro, en Playa de Las Americas. 

Los mensajes, que se contabilizan ya por millares en distintas plataformas de telefonía (tanto encriptados como en las convencionales WhatsApp, Facebook, Instagram…) llaman abiertamente a saquear comercios, quemar contenedores, bloquear vías públicas y agredir a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ante la gravedad del contenido y la fácil propagación de los mensajes , Dávila reclamó que se “analice con urgencia la información disponible” y que se adopten las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y proteger a comerciantes, trabajadores, vecinos y visitantes.

“No podemos esperar a que se produzcan incidentes para actuar. Cuando circulan mensajes que llaman abiertamente a la violencia, tenemos la obligación de tomarlos en serio y actuar con anticipación”, señaló.

Derecho a manifestarse, no a la violencia

La presidenta insular defendió el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió de que ninguna reivindicación puede justificar la violencia ni poner en peligro la seguridad de las personas. “Santa Cruz es una ciudad abierta, segura y de convivencia. No podemos permitir que quienes pretenden sembrar el miedo o provocar altercados pongan en riesgo a nuestros vecinos, a quienes trabajan en nuestros comercios o a quienes simplemente quieren disfrutar de la ciudad con tranquilidad”, añadió.

La presidenta aseguró que ha mantenido conversaciones telefónicas con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, con quien coincidió en la “necesidad de que las administraciones dispongan de los medios suficientes para prevenir cualquier alteración del orden público durante la jornada”. La presidenta trasladó su apoyo a las fuerzas policiales y el resto de administraciones competentes.

Qué es Blocus, la plataforma de insurrección juvenil sin convocantes

Blocus —bloqueo, en francés— es una marca anónima nacida en TikTok que copia el modelo de los disturbios ocurridos en Francia en las últimas semanas. Sus convocatorias empezaron a circular en España al menos desde el 20 de octubre y su primera actividad conocida se remonta al 8 de octubre en Madrid.

No tiene portavoces, programa ni reivindicaciones. Ni una sola plataforma a cargo, lo que ha generado una profunda incertidumbre sobre quién se encuentra instando a dichas insurrecciones juveniles.

Los propios investigadores subrayan que en su lenguaje “no aparece discurso político alguno”, más allá de su correlación con las protestas de Francia, movilizaciones que sí tuvieron una connotación política. En las proclamas difundidas en distintas ciudades españolas no se aprecia ninguna reivindicación de ese tipo.  Básicamente el reclamo es el saqueo injustificado.

Según la policía catalana, la mayoría de quienes respondieron en Barcelona eran “adolescentes sin militancia conocida”, que acudieron de forma individual tras ver el contenido en redes.

A petición de los Mossos d’Esquadra, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) colabora para cerrar los grupos vinculados a la red. Telegram ya ha bloqueado al menos el canal Blocus-BCN y el de Valencia, deteniendo a los creadores de dichos portales, por incumplir sus normas de uso, y la cuenta original de TikTok fue eliminada tras los altercados.

Un engranaje en tres capas

El funcionamiento de la red lo ha desgranado Golden Owl, empresa de inteligencia de fuentes abiertas con sede en el Parque Científico de Alicante, que ya analizó el origen de la crisis migratoria de Ceuta. Su informe, que recopila más de 10.000 piezas de contenido de Blocus en siete plataformas, describe una cadena en tres fases.

La primera es la captación, que se produce en TikTok e Instagram mediante carteles, convocatorias y códigos QR que dan acceso a grupos cerrados. En esos grupos de Telegram y WhatsApp tiene lugar la segunda fase, la coordinación, donde se fijan detalles como la vestimenta, las tácticas, los objetivos y los horarios.

La tercera es la amplificación. Los vídeos virales de los disturbios y el reenvío por parte de creadores digitales multiplican el alcance de unos organizadores que, en origen, son pocos.

Los analistas han detectado indicios de actividad en 18 localidades de 11 comunidades autónomas, con fecha ya fijada en 13 de ellas, y advierten de que se trata de una amenaza de alcance nacional. Lo que no han podido establecer es quién está detrás de la marca ni si existe algún financiador.

Los administradores trasladan las conversaciones a nuevos grupos privados cada vez que sospechan de infiltraciones policiales.

El precedente: Barcelona y Bilbao

Lo ocurrido en la Península demuestra que estas convocatorias no se quedan en la pantalla. En Barcelona, la noche del 24 de octubre se saldó con 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad, 23 comercios saqueados o vandalizados y 14 agentes heridos, cuatro de ellos de gravedad. Los daños en el mobiliario urbano rondan los 36.000 euros.

Dos días después, el 26 de octubre, Bilbao vivió una noche de vehículos quemados y asaltos a comercios que terminó con 17 detenidos.

En Madrid, la convocatoria inicial no llegó a derivar en incidentes graves. En Valencia, la cita fijada en la plaza de Toros ha movilizado a la alcaldía y a los comerciantes del centro. El Govern catalán ha anunciado que se personará como acusación particular contra los responsables de los disturbios de Barcelona.

Lo que dicen los carteles

Los mensajes que han motivado la petición del Cabildo, a los que ha tenido acceso esta redacción, establecen dos sedes, bajo un encabezado que exige “leer antes de salir”.

El contenido no deja lugar a dudas. Pide acudir “vestido de negro” y con el rostro tapado para “evitar ser identificado”. Señala como objetivo de saqueo a grandes superficies, bancos y franquicias, con un pretendido respeto al pequeño comercio. Otros objetivos; la quema de contenedores, la rotura de escaparates, cortar el tráfico y agredir a los agentes antes de huir.

Saqueo con discurso de odio

El informe de Golden Owl documenta también mensajes abiertamente xenófobos en estos grupos, dirigidos contra la población marroquí, con llamamientos a «limpiar» España y a sacar a personas migrantes de las calles. Alguno llega a pedir que el ejército dispare contra «los objetivos».

La mezcla resulta especialmente peligrosa: una red que se presenta como rebeldía juvenil contra “el sistema” sirve a la vez de altavoz para señalar a un colectivo por su origen. 

Lo que dice la ley: esto no es una trastada de Halloween

Participar en estas acciones, organizarlas o incluso difundirlas no es una trastada de Halloween.

Cada una de las conductas, en conjunto, y por ser pesado, que promueve la convocatoria está tipificada en el Código Penal.

Difundir mensajes que inciten a alterar el orden es delito de incitación a los desórdenes públicos (artículo 559), y alterar la paz pública en grupo y con violencia constituye un delito de desórdenes públicos (artículo 557).

Agredir a los policías supone un delito de atentado contra la autoridad (artículo 550). Entrar en las tiendas y llevarse la mercancía es robo con fuerza o hurto (artículos 234 y 237), y quemar contenedores o mobiliario urbano, un delito de daños o de incendio (artículos 263 y 266). Señalar a un colectivo por su origen, como hacen algunos de estos mensajes, puede incluso constituir además un delito de odi (artículo 510).

El atentado contra agentes de la autoridad puede castigarse con hasta cuatro años de prisión, y los desórdenes públicos, con hasta tres. Ser menor de edad no exime, pues los jóvenes de entre 14 y 17 años responden ante la jurisdicción de menores, y sus padres o tutores pueden tener que hacer frente a los daños causados.

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