La reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea ha entrado en su fase final tras el acuerdo que alcanzaron los ministros de Energía en octubre —después de meses de bloqueo por las diferencias entre Alemania y Francia— que ha permitido iniciar las conversaciones con el Parlamento Europea para alcanzar el acuerdo definitivo antes de finales de año. La presidencia española, bajo la batuta de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, logró el pacto, recibiendo los aplausos del Gobierno en funciones y de los socialistas. Por ello, sorprende que, solo una semana después, el PSOE y Sumar convinieran una reforma adicional del mercado eléctrico, que a priori difiere de la europea. O, dicho de otro modo: una reforma de la reforma.
Ambas formaciones, que intentan sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en la próxima legislatura, presentaron recientemente un programa de acuerdos de gobernabilidad que vuelve a introducir dudas sobre las intenciones intervencionistas con una nueva reforma del mercado eléctrico, cuando la pactada en Europa todavía está pendiente de rúbrica.
“Continuaremos profundizando en la reforma del mercado eléctrico mayorista, encaminada a resolver los elementos perjudiciales del actual mercado marginalista y los llamados beneficios caídos del cielo. De esta forma, trasladaremos el beneficio de las energías renovables a los consumidores, abaratando la factura eléctrica para hogares y empresas, con una mayor equidad y seguridad de suministro, al tiempo que se proporcionan las señales adecuadas para atraer inversiones”, indica el documento.
Los denominados “beneficios caídos del cielo” (o ‘windfall profits’ en inglés) son las ganancias que obtienen las tecnologías de generación eléctrica que no tienen que pagar derechos de emisión de CO2 ni usan gas y cobran en el mercado el mismo precio que la fuente de producción más cara, es decir, los ciclos combinados. Una situación puramente coyuntural (subida del gas natural por conflictos geopolítcos) en el sector eléctrico frente a los productores y comercializadores de energías fósiles en los que estos beneficios caídos del cielo tienen un carácter estructural.
EL SISTEMA MARGINALISTA SE MANTIENE INTACTO
Mientras tanto, el acuerdo alcanzado por los Veintisiete para la reforma del mercado eléctrico mantiene intacto el sistema marginalista de fijación de precios y entiende que es un pilar fundamental en el sistema energético porque favorece el imprescindible fujo de inversiones hacia las energías renovables y la transición energética.
El acuerdo del Consejo de la UE sobre la reforma del mercado eléctrico rechaza expresamente el intervencionismo en los precios, al considerar que distorsiona el mercado. Bajo los términos de los acuerdos de la reforma eléctrica, las intervenciones en los precios sólo deberían llevarse a cabo como obligaciones de servicio público y bajo condiciones específicas. Esto demuestra la importancia de mantener un mercado libre de distorsiones que puedan perjudicar tanto a los consumidores como a los inversores.
La reforma parece poner de manifiesto la importancia de no socavar la eficiencia del mercado y desincentivar la inversión acelerando el despliegue de las renovables y la creación de señales de precios a largo plazo, en lugar de la intervención gubernamental en el mercado eléctrico.
En medio de las negociaciones para la reforma del mercado eléctrico de la UE, reguladores, asociaciones sectoriales y diversos servicios de estudios han defendido el sistema marginalista, vigente en Europa desde 1997. Para la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), no solo no fue el responsable de la crisis de precios del año pasado, sino que contribuyó a mitigarla, evitando además cortes de electricidad o incluso apagones parciales.
En el marco del debate de la reforma del mercado eléctrico, advirtió de que las intervenciones en la formación de precios del mercado “podrían hacer retroceder la integración del mercado eléctrico en la UE y la competencia”, lo que podría poner en riesgo los beneficios alcanzados y aumentar el coste de la transición energética. ACER estima que, en la última década, el comercio transfronterizo y los esfuerzos de integración de mercado liberalizado han reportado beneficios a los consumidores de unos 34.000 millones de euros al año.
“Los beneficios se deben a que la estructura del mercado mayorista de la energía permite el comercio transfronterizo entre los Estados miembros y mejora la seguridad del suministro en una zona geográfica más amplia. El diseño del mercado de la electricidad también facilita la adopción significativa de la generación renovable, cuya aceleración es probable que resulte un requisito previo para alcanzar a buen ritmo la ambiciosa trayectoria de descarbonización de la UE”, indicó la agencia europea de reguladores.
“Por el contrario, las medidas de emergencia mal diseñadas o la distorsión de las señales de precios mediante la interferencia en la formación de precios de mercado pueden hacer retroceder la integración del mercado de la UE y la competencia en general, poniendo así en peligro los beneficios logrados hasta ahora y posiblemente aumentando el coste global de la transición energética en el futuro”, aseguró.
Expertos en energía han aplaudido la reforma del mercado eléctrico, pero al mismo tiempo, han advertido sobre los riesgos asociados con políticas intervencionistas locales para enfrentar el desafío de reducir las emisiones de carbono. La transición energética no se detiene en esta reforma eléctrica europea que busca seguir avanzando en el desarrollo de energías renovables, el almacenamiento y la modernización y ampliación de las redes eléctricas. Unos objetivos que requieren un marco regulatorio estable que garantice la solidez del mercado y las masivas inversiones necesarias.
Como hemos podido ver en la última década plagada de vaivenes regulatorios, los inversores necesitan certidumbre a largo plazo para comprometerse con proyectos indispensables para la transición hacia el uso de energías limpias. Hoy en día, España todavía adeuda 1.300 millones de dólares en sentencia firmes dictadas por tribunales de arbitraje contra el recorte planteado hace unos años a las inversiones renovables.