La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denunció ayer, en un comunicado, que Visocan, la empresa pública de Vivienda del Gobierno de Canarias, quería desahuciar a una vecina de Bajamar que ocupaba, desde hace tres años, un piso vacío propiedad de la entidad. Según indicó la plataforma, se trata de una mujer desempleada, con 319 euros de ingresos, que vive en este piso con su hijo de 14 años, con una discapacidad reconocida del 78%, su hija de 30, y dos nietos, menores de edad, a su cargo. La PAH denunció que la mujer tuvo que acudir, el pasado lunes, a un juicio oral en los juzgados de La Laguna, por usurpación, donde al parecer se le sentenció al desalojo de la vivienda.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento de La Laguna informaron ayer que tanto el alcalde, José Alberto Díaz, como la concejal de Vivienda, Flora Marrero, así como desde Visocan han informado a esta vecina de que el desahucio no se producirá y que, por lo tanto, no tendrá que abandonar la residencia. Según fuentes oficiales de la Consejería de Vivienda, el proceso debe de continuar con su tramitación en los juzgados pero Visocan nunca ejecuta la sentencia en estos casos, con lo que no se produce el desahucio. Algo similar con lo que, según indicaron, ocurrió hace poco con otra vecina de Ofra. Asimismo, desde el Ayuntamiento informaron de que están tramitando el alta del agua y de la luz para esta vivienda.
La PAH explicó que esta vecina ha sido demandante de vivienda pública desde hace más de 10 años y es usuaria habitual de Servicios Sociales, donde “no encontró una respuesta que evitara que se viera en la calle con su familia”.
La plataforma también solicitó al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que inste a Visocan a que “no vuelva a instar procedimientos judiciales contra familias sin recursos” y que opte “por iniciar procedimientos administrativos que contemplen el estudio de los casos, itinerarios de inclusión residencial y una alternativa habitacional”.
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