La Unión Europea (UE) se ha puesto aún más firme con el fin de que se cumplan las exigencias marcadas en cuanto al tratamiento de las aguas residuales. Tenerife aparece en la lista negra, recientemente ratificada por la UE vía sentencia judicial, en la que se señalan las 17 ciudades españolas que incumplen con las normativas en materia de saneamiento. Dos de estos enclaves, Valle de Güímar y la Comarca Nordeste de La Laguna, se incluyen en el mencionado listado.
En todos estos casos ya hay una sentencia por la cual, si no se respeta lo establecido, se tendrá que hacer frente a una multa económica, después de llevar más de 15 años incumpliendo la norma. No obstante, además de estos dos puntos, Europa ha llamado a atención a las administraciones públicas canarias por no tener hecha la tarea en esta materia en diversos puntos del territorio insular como se puede apreciar en el mapa que se recoge en este artículo.
Se da la circunstancia de que estas dos aglomeraciones urbanas señaladas por al UE son las únicas de Canarias en formar parte del listado negro. En total, las 17 ciudades sancionadas pueden suponer una multa económica de, como mínimo, 46,5 millones de euros para el país.
Casi la mitad de las aglomeraciones urbanas de Tenerife no cumple lo exigido por la UE en tratamiento de aguas
Pese a que en estos momentos solo estos dos puntos cuentan con un dictamen judicial desfavorable, que data del año 2011 (aparece en color morado en la imagen) otras tantas pueden, también, terminar en la misma situación si no se frena el problema. La gráfica, elaborada por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, a la que ha tenido acceso este medio, refleja todas las aglomeraciones urbanas sobre las que Europa ha llamado la atención. En verde se encuentran aquellas con un expediente abierto más inicial, mientras que en amarillo se localizan aquellos puntos cuyo estado de estudio está más avanzado, siendo el paso previo a derivar en el juzgado y, por tanto, en un proceso infractor.
Analizando los puntos acechados, se aprecia que todos los municipios tienen aún bastante camino por recorrer. Precisamente para evitar este fin último, desde el Cabildo se lleva trabajando en este asunto algo más de un año, manteniendo reuniones con el Ministerio de Asuntos Exteriores -que es en España el interlocutor de la UE en esta materia- para informar del plan estipulado para cumplir los requisitos exigidos por la ley en materia de aguas residuales.
Al respecto, el consejero de Aguas del Cabildo tinerfeño, Manuel Martínez, indica a DIARIO DE AVISOS que en todo momento la Corporación ha informado de los trabajos que se están realizando y los que se van a llevar a cabo, con la intención de poder evitar una multa de Europa. “Aún así la última palabra la tiene la UE a a la hora de imponer sanciones económicas”, puntualiza.
Con respecto a los dos enclaves con sentencia contraria en la Isla, Martínez explica que se prevé que puedan estar solventados un plazo de dos años. De hecho, en el caso de Valle de Guerra, la obra, que es de interés general y la ejecuta el Gobierno canario, entrará en funcionamiento en los meses de febrero o marzo de 2017, solucionando el problema del tratamiento de aguas en la comarca.
Una sentencia de la Unión Europea sanciona a 17 ciudades españolas, entre las que se encuentran dos núcleos tinerfeños
En el caso del Valle de Güímar, donde se tratan las aguas negras de esta localidad, Fasnia, Arico y Arafo, el proyecto de la depuradora se ha retomado hace algunos meses, después de cerca de más de una década paralizado. Aunque la obra es responsabilidad de la Comunidad Autónoma, finalmente el Gobierno de la Isla solicitó la competencia para su ejecución con el fin de poder ponerla en servicio cuanto antes. Una vez se ha obtenido, esta semana, el visto bueno al impacto ambiental, la depuradora se licitará en breve para que puedan iniciarse los trabajos en los primeros meses de 2017. Dos años más tarde, la infraestructura entrará en funcionamiento.
Toda esta situación y los proyectos previstos en el futuro serán comunicados por Manuel Martínez en los próximos días al Gobierno central. El consejero insiste en que Tenerife está en este listado porque, en todo momento, ha trasladado su situación, con el objetivo de poder poner solución a la problemática de tratamiento de las aguas residuales.
NUEVAS OBRAS
El responsable insular de Aguas afirma que para solucionar el problema del saneamiento en Tenerife es necesario invertir cerca de 256 millones de euros, como recoge el Plan Hidrológico. Para ello ya hay proyectadas algunas infraestructuras. Está previsto que el Gobierno central gaste cerca de 32 millones de euros en Santa Cruz en los próximos años. Además, también con cargo a los fondos estatales, se están planificando cuatro macroproyectos de depuración y canalización de aguas en las comarcas de Acentejo, Arona-San Miguel, Granadilla y Guía de Isora.
Asimismo, el Cabildo pretende solicitar, incluso, la delegación de la ejecución. Además, la Institución insular, con fondos propios, tiene proyectado invertir en la depuradora del Valle de Güímar, y en otras estaciones en Fasnia y la Isla Baja, al menos de momento. A todo ello, se sumará la inversión del futuro Plan de Cooperación Municipal, que se lleva a cabo con los ayuntamientos,y que se centrará en saneamiento, para que las localidades puedan tener culminada su red. Por último, el consejero apunta que las nuevas estaciones son más respetuosas con el entorno, puesto que evitan numerosos vertidos al mar, y permite poner en el mercado recursos hídricos para la agricultura.
MARTÍNEZ ABRE EL DEBATE DE LA IMPLANTACIÓN DE UN CANON PARA EL AGUA
El consejero de Aguas del Cabildo de Tenerife, Manuel Martínez, expone que Canarias es ahora la única comunidad autónoma del país -al menos de las que tienen costa- que carece de un canon impositivo para el abasto de agua. El responsable insular pone sobre la mesa la posibilidad de estudiar esta medida con el fin de que el coste que supondría para el consumidor pueda convertirse en un beneficio para este.
En este sentido, Martínez plantea que los recursos económicos que se obtengan, si se decidiese apostar desde el Gobierno regional por esta medida, podrían invertirse en infraestructuras que redunden en la calidad del agua y en una menor contaminación para el entorno, tales como depuradoras. “Teniendo en cuenta que hay que destinar fondos para evitar que Europa nos sancione por incumplir las directrices en materia de tratamiento de aguas residuales, esta podría ser una solución y dedicar la recaudación del canon a paliar al déficit”, afirma.
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