Asociaciones de empresarios, administradores de fincas, inversores y urbanistas reclamaron ayer de manera conjunta con la Asociación del Alquiler Vacacional (ASCAV) la necesidad de elaborar un marco normativo que proporcione seguridad jurídica a los más de 3,5 millones de turistas que eligen esta modalidad de alojamiento, así como a propietarios e intermediarios de una actividad que tiene un impacto económico en las Islas de más de 1.500 millones de euros y que fiscalmente recauda más de 100 millones de euros, solamente por impuestos indirectos. Estos colectivos se unieron ayer para pedir que el Gobierno modifique, de una vez por todas tal y como prometió, el decreto 113/2015 que regula esta actividad. “Lo único que queremos”, explicó la presidenta de Ascav, Doris Borrego, “es poder regularnos y pagar los impuestos que nos correspondan, para que esta actividad revierta en el tejido social y económico de Canarias”.
Borrego señaló que, precisamente, esta falta de regulación “repercute en la calidad de los servicios, porque habrá quien cumple con los estándares de calidad y quien no” y añadió que el decreto actual del Gobierno lo que está haciendo es “trasladar el turismo de masas a las zonas residenciales, ya que grandes inversores y hoteleros compran edificios enteros en zonas residenciales para dedicarlos al todo incluido bajo el manto de la vivienda vacacional y al amparo de la falta de regulación”. La presidenta de la Ascav negó que el alquiler vacacional sea el culpable de que no haya viviendas para residentes y señaló que solo el 12% de las segundas residencias de Canarias se dedica a esta modalidad turística. “Si faltan viviendas residenciales”, declaró, “es porque las administraciones llevan diez años sin planificar viviendas de protección oficial”.
Ricardo Díaz, profesor de marketing turístico de la ULL alertó que “la falta de regulación repercute en que se esté desarrollando en Canarias un modelo híbrido que rebaja la calidad”. Víctor Sánchez, de la Federación de Desarrollo Empresarial de Canarias, pidió que se legalicen las viviendas vacacionales para que sus propietarios puedan pagar impuestos, ya que al excluir la vivienda vacacional de las áreas turísticas se deja en la ilegalidad el 90% de la oferta, que se tiene que acoger a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Además de modificar el decreto 113, la asociación pide al Gobierno que elimine las restricciones en las zonas rurales para todas las viviendas cuyo carácter residencial y situación legal ha sido reconocida por las corporaciones municipales.
Al acto estaban invitados todos los partidos políticos, pero solo acudió la diputada regional del PP, Cristina Tavío, que exigió al Gobierno la regulación de esta modalidad que limita una actividad cuyos efectos positivos para la sociedad canaria son más que evidentes. “Hay que legislar para tener garantías de una oferta turística de calidad. Podemos aspirar a tener el mejor alquiler vacacional”, declaró.
Los socialistas piden la comparecencia de la consejerade Turismo
El PSOE, no acudió a la convocatoria de Ascav, a pesar de estar invitado, pero hizo público un comunicado en el que pide la comparecencia de la consejera de Turismo del Gobierno para explicar cuándo prevé la modificación y evitar, así, efectos no deseados como el aumento de precios de los alquileres residenciales
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas