El Gobierno acorta a la mitad los trámites a 17 inversiones “de interés estratégico”

La oposición ha criticado esta norma, e incluso Clavijo ha mostrado sus reservas y, de hecho, en el anteproyecto de la Ley del Suelo que ha promovido, plantea su derogación
Reunión del Comité de Inversiones, presidida por Fernando Clavijo. / DA
Reunión del Comité de Inversiones, presidida por Fernando Clavijo. / DA

El Comité de Inversiones del Gobierno canario  acordó ayer proponer como “de interés estratégico” 17 proyectos privados, a los que se les reducirá a la mitad los plazos para su tramitación administrativa. La medida adoptada ayer por el comité, que preside el propio jefe del Ejecutivo, Fernando Clavijo, será efectiva una vez  apruebe la propuesta el Consejo de Gobierno.

Se trata de inversiones en  parques eólicos, renovación y construcción de hoteles,  infraestructuras de electricidad y plantas de reciclado y valorización de plástico (no energética, es decir, sin incineración)  e incluso una iniciativa de la que, en el comunicado oficial, sólo se apunta que se localizará en el Sur de Gran Canaria.

El listado de proyectos que se beneficiarán del acortamiento de plazos es el siguiente, según los detalló el Gobierno en su nota de prensa:

– Parque Eólico Abades 7,05 MW.
– Proyecto de Inversión en plantas de reciclado y valoración no energética de residuos plásticos Film.
– Proyectos incluidos en la planificación eléctrica con horizonte 2015-2020 en Canarias.
– Proyecto Turístico Playa de Arico.
– Modificación de Tecnología de la 1ª fase del Parque Eólico Manchas Blancas.
– Modificación del Parque Eólico Punta Gaviota.
– Renovación Integral del Hotel Riu Palace Oasis.
– Parque Eólico Complejo Ambiental de Arico de 18.400 KW.
– Parque Eólico de 2,7 MW, para vertido a Red, en el Polígono Industrial de Arinaga.
– Parque Eólico La Roca y Parque Eólico Areté, en el término municipal de Granadilla de Abona.
– Inversión Estratégica para Canarias, situado en el Sur de Gran Canaria.
– Parque Eólico Espinales de 9 MW, en el término municipal de Agüimes.
– Proyecto Oasis Park Fuerteventura.
– Parques Eólicos Las Aulagas y Chimiche II.
– Parque Eólico Naira de 6 MW.
– Parque Eólico Botija-Galdar 16,6 MW.
– Lopesan Boutique Hotel 5 Estrellas.

La Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para Canarias, fue aprobada a iniciativa del entonces presidente del Gobierno, Paulino Rivero, con el objetivo de agilizar la tramitación, en las administraciones públicas, de los expedientes relacionados con iniciativas y proyectos de inversión de especial relevancia para el desarrollo social y económico de las Islas.

Se trata de un procedimiento que ha recibido críticas desde la oposición parlamentaria, al entender que, pese a que la normativa estipula los criterios que debe cumplir un proyecto para tener este trato preferente, da pie a la discrecionalidad del Gobierno canario.  Se da la circunstancia de que el propio Clavijo ha mostrado sus reservas sobre esta norma y, de hecho, en el anteproyecto de la Ley del Suelo que ha promovido, plantea su derogación.

Aspectos como el impacto sobre la economía insular o canaria, especialmente en el ámbito de la generación de empleo; la capacidad para movilizar inversión privada interna o externa, o la repercusión en sectores de especial interés para el Archipiélago, como el turismo, las energías, la industria, la innovación, el tratamiento y reciclado de residuos, la internacionalización, entre otros, son criterios sobre los que apoyar la declaración de una inversión como de interés estratégico para Canarias, informó ayer el Ejecutivo regional en su nota.

Además, se establece que en la tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, cuando tenga por objeto exclusivo obras e instalaciones de inversiones declaradas de interés estratégico, los plazos también se reducirán a la mitad.

Asimismo, se reducirán a la mitad los plazos para el otorgamiento de cualquier licencia que resulte necesaria para la ejecución, apertura o funcionamiento de dichas obras e instalaciones, salvo en las que la normativa estatal lo impida. De igual manera ocurrirá con los plazos establecidos para los procedimientos medioambientales.

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