Los empleados de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo canario están quemados. Sobre todo, después de que el martes 15 de marzo fuera evacuado por un conato de incendio el edificio de Santa Cruz de Tenerife que alberga las dependencias de este órgano, del organigrama de la presidencia del Gobierno regional, encargado de la representación y la defensa en los juicios de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Transcurrida menos de una semana tras el incidente, sin consecuencias graves, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) registró en la Inspección de Trabajo un escrito por el que solicita el desalojo del inmueble, ocupado en régimen de alquiler, porque “nadie garantiza la seguridad del personal”.
El relato de los hechos que hace Adolfo Sánchez-Barbudo pone los pelos de punta, como si estuvieran chamuscados: “La puerta de emergencia está trancada con dos cerrojos; los detectores de incendio, desconectados; los extintores, caducados y las luces de emergencia, inoperantes. No existe una evaluación de riegos ni un plan de evacuación”. Este miembro de la interdepartamental de prevención del Gobierno de Canarias anota la existencia de “material altamente inflamable junto al equipo afectado”, una unidad del sistema informático (UPS) que comunica la viceconsejería con los juzgados. “Dadas las condiciones de extremo riesgo”, apunta, “se solicita la urgente intervención de la Inspección para que en su caso proceda a la reubicación del personal en dependencias que cumplan con la normativa vigente”.
[su_pullquote]Los delegados de prevención denuncian que la puerta de emergencia está “trancada con dos cerrojos”, que las alarmas están desconectadas y los extintores, caducados
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Sánchez-Barbudo y su compañero Julio Martínez, de la Junta de Personal, cuentan al DIARIO que se informaron del episodio por una llamada anónima: “Este asunto se ha llevado con sigilo. Es el segundo incendio en dos años”.
Entre los que mandan hay una “discusión técnica” sobre si el humo se originó por fuego o espontáneamente. “Lo cierto es que las alarmas no funcionaron”. Esa circunstancia explica que la secretaria del viceconsejero, Francisco Plata, siguiera en su sitio y se enterara al mediodía. El foco se activó alrededor de las 9.45 horas. “Se pegó fuego la segunda planta. Si vas a correr tiene que ser hacia arriba”. En los servicios jurídicos trabajan unas treinta personas. Pero muchos de los letrados estaban ese día en juicios, por lo que habría unas quince. “Alguien dio la orden de que no se avisara a los bomberos y se desplazaron unos operarios de mantenimiento de Múltiples I, que está cerca. Tuvimos suerte. Hicieron lo que pudieron y se apagó”.
Cuando los delegados del Sepca empezaron a investigar, se llevaron un susto de cuidado. En comparación, la casa de los horrores de una feria cualquiera da risa más que miedo. En el número 5 de la avenida de Anaga (Francisco de la Roche), esta vetusta construcción cruje en la conciencia de los responsables públicos. “El gran problema es que no se puede hacer nada para establecer un protocolo de prevención”.
[su_pullquote align=”right”]Durante el conato que se registró el martes 15 de marzo en la segunda planta, “la secretaria del viceconsejero se enteró dos horas después”; porque el sistema contra incendios “no estaba operativo” [/su_pullquote]
La amabilidad de la vigilante de seguridad dulcifica el pánico. Según se entra, a su derecha hay un ascensor en que caben hasta tres personas no excesivamente voluminosas. Lo colocaron en el hueco de la escalera. A la altura del primer piso -la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos ocupa de la segunda a la sexta plantas- hay una puerta por la calle de la Marina que se supone que es de emergencia. “Hace falta un cursillo para abrirla”, bromea Sánchez-Barbudo. “Tendrá su truco”. El manual de instrucciones se resume en este quijotesco y contradictorio mensaje: “Se ruega cerrar con llave al entrar y salir. Queda terminantemente prohibido el uso de esta puerta, ya que se la dejaron abierta hace unos días, comunicación que nos hizo el dueño del edificio”. Para más señas, abre para dentro.
Aterrorizados por lo ocurrido, los sindicalistas se fueron a hablar con la jefa de personal y posteriormente con el viceconsejero, que casualmente no se encontraba allí en aquel ingrato momento. “Aunque se mostró comprensivo, de sus palabras no salieron soluciones”. Luego acudieron a la Secretaría General Técnica, donde los remitieron al director general de Patrimonio, Arturo Cabrera. El miércoles 16 hubo una “reunión informal con estos altos cargos más unos jefes de servicio y un informático. Solo se comprometieron a renovar los extintores y la alarma de incendios. Sí se cambió el tóner de habitación, al archivo, y que se dijo que impartiría una charla sobre cómo desarrollar una evacuación”. Este periódico también ha buscado respuestas, sin éxito por ahora.
Las quejas sindicales se remontan, al menos, a 2008. Los servicios jurídicos estaban antes en la zona del Pilar y para la mudanza al cuartel de San Carlos, de estilo neoclásico, aún no se ha fijado una fecha. Se habla de “tres o cuatro meses”. Oficialmente, la obra está pendiente de unos remates y del mobiliario.
Un calentón corta las comunicaciones de los letrados con los juzgados
Las comunicaciones telemáticas entre de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma desde su sede en la capital tinerfeña y los juzgados han estado interrumpidas durante varias jornadas al producirse un calentamiento en la unidad informática.
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