El debate sobre el estado de la nacionalidad canaria ha vuelto a evidenciar la división política sobre una reforma del sistema electoral, por más que el Parlamento regonal tenga previsto crear una comisión de estudio sobre este asunto (ya hubo una en 2001 y quedó en nada).
Si ya en la primera jornada del debate Fernando Clavijo vinculó los afanes de esta reforma con el “riesgo enorme” de una “fractura” de Canarias por un nuevo “centralismo” contra las islas no capitalinas “que no podemos permitir”, y contra el que anunció que se rebelará, en el tercero y último día, CC y PSOE ejecutaron el mandato del presidente al rechazar propuestas de PP y NC (esta también con el ‘no’ de la ASG de Casimiro Curbelo).
Perdidas entre más de 300 iniciativas votadas una a una durante dos horas, el PP vio cómo caía en saco roto la suya en la que pedía instar al Gobierno canario a “alcanzar un gran acuerdo […] que refleje mejor la voluntad de los canarios sin dejar de representar los territorios” (se rechazó por 31 noes y los 25 síes de la oposición).
Idéntica suerte corrió la propuesta de Nueva Canarias, pese a que no podía ser más dulce en su encabezado: “El Parlamento se felicita por la creación de una comisión para el estudio de la reforma de la ley electoral, y desea que sus trabajos concluyan con una propuesta de modificación del sistema”.
Pero luego venía un párrafo de más calado, en el cual el deseo se concretaba en “reducir las actuales barreras de acceso y mejorar sustancialmente la proporcionalidad entre los votos conseguidos por cada fuerza polírica y los esacaños parlamentarios asignados” (34 noes y 22 síes).
El sistema electoral hizo que Ciudadanos se quedara sin diputados pese a casi 54.000 votos y la ASG de Casimiro Curbelo lograra 3 con poco más de 5.000. El método se basa en la llamada triple paridad (30 diputados para cada provincia, 15 para cada isla capitalina -Tenerife y Gran Canaria-, y 15 en cada provincia distribuidos entre las respectivas islas periféricas).
La consecuencia es que el 17% de la población (islas periféricas) elige al 50% de diputados, y el otro 83% de canarios (islas capitalinas) elige a la otra mitad.
Además, se exige a un partido al menos el 30% de los votos de una isla o el 6% en todo el Archipiélago para poder entrar en el reparto de diputados.
Todos los partidos se han mostrado en ocasiones anteriores partidarios de rebajar estos topes, y de hecho, en la reforma del Estatuto de Autonomía remitida el pasado año a las Cortes Generales- cuyo trámite acaba de comenzar-, CC y PSOE han incluido reducirlos a la mitad, y dejan abierta la posibilidad futura de una lista regional que conviva con las insulares.
Cuestión distinta es la de aumentar la representación en el Parlamento canario de Tenerife y Gran Canaria, ya que CC y la ASG no quieren que se toque esta triple paridad, alegando la necesidad de sobrerrepresentar a las islas menos pobladas para garantizar un equilibrio de poder con las capitalinas.
Pero PP, NC y Podemos no han dudado en ver ya en esta pretensión un mero interés partidista, puesto que CC mantiene su peso parlamentario gracias a esas circunscripciones de las islas periféricas.
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