Después de más de tres años de instrucción y cuatro meses de juicio oral, con 25 sesiones y el desfile de un centenar de testigos, el caso Arona 1 quedó visto para sentencia, que presumiblemente no se conocerá hasta después del verano, según Lucía Machado, María Vega Sánchez y Aurelio Santana, el tribunal que juzgó la causa que sentó en el banquillo a 13 acusados, entre políticos, técnicos, arquitectos y un empresario.
Los alegatos de las defensas de los técnicos municipales, los arquitectos externos y el presunto intermediario de la supuesta trama urbanística cerraron ayer el juicio con los informes finales, en la que todos los letrados pidieron la libre absolución de sus defendidos por falta de pruebas e incluso alertaron de delitos prescritos.
La sorpresa surgió con el inesperado alegato final de José Alberto González Reverón, el exalcalde, en contra de la opinión de su letrada Olga López y de buena parte de sus compañeros de aquella Junta de Gobierno de Arona.
González Reverón, tras las exposiciones de los cinco letrados que quedaban por intervenir, fue el único que utilizó el turno final que le concedió la presidenta del tribunal, Lucía Machado -también lo hizo Juan José Alayón, aunque solo para disculparse por su comportamiento- para insistir en que “todas las licencias se dieron con el máximo rigor, avaladas por la Oficina Técnica municipal y el secretario José Ángel Alonso, en suelo urbano consolidado”, añadiendo que “si no hubiéramos dado esas licencias hubiéramos prevaricado”, reconociendo que en aquellos años, “todo era una maraña de leyes, que solo confundían”, algo que cambió con una nueva Oficina Técnica en 2008. González Reverón fue más allá al anunciar que “todas las licencias dadas son hoy legales y el nuevo PGO de Arona tendrá que consolidar el suelo urbano, sí o sí”, remarcando que “la nueva Ley del Suelo que se va a aprobar en Canarias, en sus artículos 48 y 49 nos da la razón, porque se pueden dar licencias sin estar gestionadas al 100% las unidades de actuación”.
Negó también que él o su grupo de gobierno 2003-2007 tuviera nada que ver con la licencia de los Ansorena, porque “eso ocurrió con anterioridad”.
La Fiscalía pide un total de 47 años de cárcel y 191 años de inhabilitación para los 13 acusados por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho en relación a la concesión de 206 licencias de obras y 75 contrataciones a dedo en Arona entre los años 2003 y 2007. Entre los acusados están el exalcalde José Alberto González Reverón y los exconcejales Félix Sierra, Manuel Barrios, Daniel Martín, Juan José Alayón, José Luis González y Alfonso Barroso.
LAS DEFENSAS
El letrado Juan Manuel Fernández del Torco, que defiende al exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, para el que la Fiscalía pide seis años de prisión, y al arquitecto externo Antonio González Tolosa, para quien se interesan cuatro años de cárcel, sostuvo que no hay pruebas que permitan condenar a ninguno de los dos.
Del Torco argumentó que los informes técnicos sobre expedientes urbanísticos que De la Rosa remitía a la comisión de gobierno municipal para su consideración no eran vinculantes y su defendido no participaba en la toma de decisiones de ese órgano. “Los informes del área técnica no tienen valor condicionante sobre las licencias”, sobre las que decidían los concejales de la comisión de gobierno, en una clara intención de centrar el debate de la culpabilidad en los políticos.
Respecto a la acusación de cohecho, el letrado aseguró que no se ha acreditado la entrega de cantidad alguna a su defendido y que la acusación de cohecho se basa en meras “sospechas, conjeturas y rumores”, insuficientes para condenar a nadie en un juicio penal, sostuvo con antecedentes de otras sentencias.
Rafael Vasco, defensor del exaparejador municipal Roberto de Luis -le piden 8 años de cárcel-, pidió la nulidad de las actuaciones contra su defendido por vulneración de sus derechos, y aseguró que las acusaciones de cohecho y prevaricación urbanística se basan sólo en el testimonio de un sobrino suyo (José Antonio Molina), cuya “credibilidad es nula”, recordando incluso que ha estado en prisión y está pendiente de un juicio por pertenencia a una banda albano-kosovar de tráfico de drogas. “Tenía una enemistad evidente contra su tío”, sentenció.
“No existe ni una mínima prueba válida que destruya su presunción de inocencia”, dijo el letrado sobre su defendido, y agregó que la grabación aportada por la acusación particular (la de los Ansorena) no reúne el mínimo de garantías para que sea considerada como prueba. Tampoco hay pruebas de que De Luis agilizara ningún tipo de trámite de licencias y además todo su patrimonio (500.000 euros en inmuebles) es perfectamente explicable por su actividad profesional durante 40 años y su espíritu comercial e inversor, dijo Vasco.
La abogada Carmen Rosa Luis, defensora del empresario Arsenio Zamora, quien según la Fiscalía medió para reclamar pagos a cambio de agilizar la tramitación de expedientes y para el que se piden tres años de cárcel, también pidió la nulidad de actuaciones por vulneración de derechos y aseguró que no hay ni un sólo indicio ni prueba material de que ejerciera de intermediario. Además recordó que en todo caso su delito habría prescito por cuanto pasaron cinco años, cinco meses y diez días antes de que su cliente declarara ante el juez Nelson Díaz Frías el 19 de diciembre de 2007, un día después de ser detenido tras recibir el magistrado la cinta grabada sobre la supuesta extorsión por los Ansorena.
Los abogados Pedro Miguel Revilla y Esteban Sola, defensores de los arquitectos externos Zenón Rodríguez y Jorge Menéndez, para los que se piden cuatro años para cada uno por presunto cohecho, además de multas millonarias, también basaron la defensa en la nulidad de actuaciones, la falta de pruebas y la prescripción.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]ANTECEDENTES
El tribunal de la sección sexta de la Audiencia Provincial que ayer dejó listo para sentencia el caso Arona 1 ya juzgó en diciembre una pieza separadas en las que se condenó al exalcalde González Reverón y el exedil de Urbanismo, Antonio Sosa, a 7 y 8,5 años de inhabitación por prevaricación urbanística y administrativa
COINCIDENCIA
Los cinco abogados de los técnicos, arquitectos y empresario que ayer leyeron sus informes finales coincidieron en señalar la vulneración de los derechos constitucionales a sus representados y la prescripción de delitos
PIEZAS SEPARADAS
El macrojuicio terminó, pero el caso Arona 1 continúa con dos piezas separadas más. Para la segunda semana de mayo está previsto el juicio contra el cabo de la Guardia Civil, Manuel Rodríguez y una semana después el que juzgará a la subunspectora de la Policía Local, Hortensia García, ambos por prevaricación [/su_note]
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas