Los cimientos del caso Arona

El caso Arona está a punto de ser juzgado en la Audiencia Provincial, donde mañana comienzan las conclusiones sobre una presunta trama de corrupción urbanística de 13 acusados que se enfrentan a años de cárcel, elevadas multas y años de inhabilitación por cohecho y prevaricación.

El caso llegó a la Justicia en enero de 2007, cuando el concejal socialista de Arona Francisco García Santamaría denunció ante la Fiscalía, en Madrid, 205 licencias urbanísticas y 75 contrataciones supuestamente ilegales. Pero no fue hasta finales de ese año, tras presentar la familia Ansorena (padre e hijo) como prueba una cinta grabada de una supuesta extorsión -le pedían 45 millones de pesetas para agilizar una licencia en Costa del Silencio-, cuando el juez Nelson Díaz ordenó detenciones y comenzó a instruir un procedimiento que se juzga casi 10 años después.

Ansorena y su proyecto
El proyecto se fraguó en el año 2000, cuando los Ansorena con sus amigos y socios madereros de Segovia decidieron comprar una parcela en Costa del Silencio y construirla en permuta. “Antes de comprarla acudimos al Ayuntamiento de Arona para informarnos de si se permitía construir, y el concejal Sierra y los técnicos nos dijeron que se podían construir 206 viviendas, pero que para ello había que solicitar un cambio de uso y que con la aprobación inicial de ese cambio de uso por parte del Ayuntamiento se nos concedería la licencia para la edificación”, relata José Ramón Ansorena Carrera.

Visto que no se les presenta ningún problema inicial, deciden comprar la parcela, por una cantidad de 350 millones de pesetas.

Siempre guiados en los trámites por los técnicos y el concejal de Urbanismo, según Ansorena, comenzó la excavación con la licencia para ello solicitada en tiempo y forma. A los tres meses acudió el por entonces aparejador municipal Manolo Beautell a la tirada de líneas de la obra. “Lo que demuestra que el Ayuntamiento lo sabía y lo permitía”, reafirma Ansorena hijo, que recuerda que “por aquel entonces comenzó a construirse en la parcela pegada a la nuestra, un complejo de 410 viviendas residenciales”. Este complejo llamado Costa Sol, de Gomasper, se construía sobre suelo social comercial, que ni siquiera permite realizar un cambio de uso en esta zona. “Gomasper (Pedro Suárez) entregó sus 410 viviendas a sus compradores sin ningún problema entre 2003 y 2004”, relata.

El calvario
“Una vez nos aprobó el Ayuntamiento el cambio de uso (nunca nos dijeron que no), realizamos el proyecto y solicitamos la licencia municipal, a finales del 2001. Ahí empezó nuestro calvario”, comenta el empresario vasco.

Los Ansorena comenzaron entonces la cimentación, pero una vez solicitada la licencia “fue cuando nos empezaron a pedir dinero a través de Zamora, primero un millón para agilizar el informe técnico (era para que lo hiciera Roberto de Luis rápido) y luego 9.000 euros para el informe jurídico”, comenta el empresario. Para entonces, ya en 2002, la promoción, entre excavación y cimentación hasta la cota cero, había invertido unos 290 millones de pesetas. “Sabiendo esto Arsenio Zamora, Félix Sierra y los técnicos (Eliseo y Roberto), fue cuando Zamora nos pidió los 45 millones de pesetas, para concedernos la licencia, alegando que ahora el cambio de uso debía de ir al Cabildo, y después, la licencia”, relata Ansorena Carrera. “Cuando dijimos que no -prosigue-, después de grabar la extorsión, fue cuando de repente el Ayuntamiento nos dice que no se puede construir, y primero nos paraliza la obra,a través de Eliseo de la Rosa, y luego denegándonos la licencia de 206 viviendas, alegando que faltaba el informe de Costas y del Cabildo. Esos informes los solicita el propio Ayuntamiento y ni siquiera esperó a recibirlos, casualmente llegaron un par de meses después y favorables, evidentemente”, afirma.

Los Ansorena no se rinden y prosiguen los trámites del cambio de uso, hasta que llegan a la Cotmac y les dice que no les hace falta, que tienen una parcela donde se puede construir residencial. Eso sí, ya para entonces, había salido la Ley 19/2003, que obligaba a construir viviendas con 100 metros cuadrados útiles.

Los Ansorena redactaron un nuevo proyecto (Proguito), que les costó 240.000 euros, que les permitía construir 100 viviendas. La licencia la obtienen en el 2005, pero la tasadora Tinsa le niega la financiación. Recurren a la empresa tasadora a Madrid y le dan la razón, pero, ya en plena crisis del ladrillo (2007), nadie les financia. Hoy los Ansorena están en la ruina y su parcela “muerta de risa” entre columnas silenciosas.

“Nos negaron la licencia por no dejarnos extorsionar”

Tanto José Ramón Ansorena Carrera (hijo), que declaró durante tres horas, y José Ramón Ansorena Ormazabal (padre), que lo hizo durante una hora y media, coincidieron al afirmar durante su testimonio en el juicio que si no habían logrado desde el año 2000 a 2005 la licencia de obra fue por haberse negado a pagar 45 millones de pesetas, tal y como se recoge en una conversación grabada en julio de 2002 al empresario Arsenio Zamora, que actuaba, según los Ansorena, en nombre del exconcejal de Urbanismo Félix Sierra, y los técnicos municipales (arquitecto y aparejador) Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, todos acusados por la Fiscalía de cohecho.

Ansorena Carrera relató, de manera pormenorizada, apoyándose en unos folios con fechas y datos, todo lo que sucedió desde que su padre decidió comprar una parcela de 12.000 metros cuadrados en Costa del Silencio, con el objetivo de construir viviendas, una vez cambiado el suelo turístico a mixto, un trámite que lo gestionaron Eliseo de la Rosa, con Roberto de Luis y con Félix Sierra, aunque era frecuente la presencia del empresario Arsenio Zamora en las reuniones, que “andaba como Pedro por su casa en la oficina de Urbanismo”.