La titular del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife aplazó a último momento la declaración prevista para ayer de los imputados por el caso El Trompo, a saber, el exalcalde de La Orotava, Isaac Valencia; el secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos de Tomás Martí; y el empresario Ambrosio Jiménez, quienes deberán hacerlo el 16 de junio.
El inicio del juicio oral se iba a iniciar a las 09.30 horas en la sala de vistas número 5 y 6 de La Laguna. A esa misma hora los abogados de ambas partes fueron citados por la magistrada con la intención de aproximar posturas y llegar a un posible acuerdo.
La denuncia fue interpuesta en el año 2002 por el grupo político IpO-Los Verdes en el Juzgado Número 2 de la Villa al detectar que el inicio de la construcción de un centro comercial en la zona de Las Arenas de más de 20.000 metros cuadrados, se ejecutaba sin licencia de ningún tipo y sobre un suelo calificado como rústico potencialmente productivo en el Plan General de Ordenación vigente en esos momentos.
Según los denunciantes, la defensa plantea un acuerdo que se basa en una reducción de la condena que pasaría de 3,5 a 2 años de prisión en el caso del Valencia y Jiménez, a quienes se los acusa de un delito contra la ordenación del territorio y quienes de esta manera “aceptarían su culpabilidad”. El caso es más complicado para el secretario, para quien además se solicita ocho años de inhabilitación de cargo público debido a que también se le atribuye un delito de prevaricación urbanística, apuntan las mismas fuentes, siendo imposible contrastarlo con los acusados.
Asimismo, la fiscal ordena el derribo de 2.700 metros cuadrados del inmueble ubicado en La Orotava. Todavía no se sabe qué superficie concreta “pero se estudia que sea en propiedad del promotor para no afectar a terceros”, añaden los denunciantes.
Aunque en el transcurso de los 28 días que restan para el juicio se llegue a un acuerdo, los acusados deberán comparecer en la primera sesión de la vista oral para exponer ante la justicia la decisión adoptada. En caso de lograrlo, no se seguirá adelante con el procedimiento judicial.
Una victoria política
Desde IpO todavía no se conoce en qué situación se va a quedar la denuncia y por lo tanto lo pueden hacer valoraciones y confirmar si aceptan o no la propuesta de los acusados. “Cuando ésta se concrete, lo haremos. Ahora mismo se trato su portavoz, José Manuel Hernández.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2”]El derribo de 2.700 metros cuadrados “es innegociable” para la fiscal
El derribo de 2.700 metros cuadrados de los 80.000 que tiene El Trompo “es innegociable” porque tiene un exceso de volumetría respecto al Plan General de Ordenación de 2003, “pese a que intentaron legalizarlo con este documento”, apuntó el portavoz de IpO. La decisión, remarcó, “es simbólica y sienta un precedente importante ya que no hay muchos casos que se haya obligado a derribar con una sentencia en edificios de esta magnitud”. [/su_note]
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas