Habrá juicio por los vertidos de la depuradora en la costa del muelle de La Hondura

La magistrada rechaza el archivo del proceso ante el contundente dictamen de un perito judicial y da 10 días a las partes para que acusen
Los vertidos en el litoral santacrucero han sido denunciados por la formación Sí se puede. / M. P.
Los vertidos en el litoral santacrucero han sido denunciados por la formación Sí se puede. / M. P.

La jueza instructora de la causa abierta por un presunto delito medioambiental por los vertidos que la depuradora de Santa Cruz realiza en la zona del muelle de La Hondura, y por la que están imputados el exconcejal Norberto Plasencia y el actual edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, ha rechazado el archivo de la misma y dado un plazo de diez días a las partes para que se presente escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, o, en su caso el sobreseimiento de la misma.

La magistrada Carolina Déniz considera que, a efectos de instrucción, existen indicios de que los investigados, han contravenido las leyes u otras normas generales protectoras del medio ambiente, al llevar a cabo vertidos de aguas residuales al mar, con tratamiento insuficiente, tanto desde los aliviaderos, como desde la Estación de Bombeo de Cabo Llanos. Los hechos, manifiesta la juez, se remontan en el caso de Plasencia y del representante de Canaragua, Domingo González de Chávez, también investigado por ser responsable del mantenimiento de la depuradora hasta 2003, a antes de 2005. En ese periodo de tiempo, “los vertidos se llevaban a cabo sin estar amparados en autorización alguna, tratándose, por tanto, de vertidos incontrolados”.

[su_pullquote]La jueza estima que hay indicios de que se ha creado una situación de grave riesgo para la salud de las personas y del ecosistema[/su_pullquote]

A partir de dicha fecha, entiende la magistrada, según los indicios aportados en la instrucción, y hasta la actualidad, los vertidos están amparados en un autorización administrativa pero “indiciariamente” no cumplen con el programa de vigilancia y control, lo que permite “la creación de una situación de grave riesgo para la salud de las personas y /o condiciones generales del ecosistema”.

La magistrada entiende que hay indicios suficientes para no archivar la causa a pesar de que reconoce el esfuerzo de Arteaga por acreditar los esfuerzos realizados por mejorar la situación. La jueza apoya su dictamen en el contundente informe del perito judicial que habla de daños permanentes del medio marino afectado. El experto detalla que los análisis demuestran que se está vertiendo agua con tratamiento muy deficiente que está provocando “efectos devastadores”.

El edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, prefirió no pronunciarse sobre el fondo del asunto y aseguró que el Ayuntamiento está trabajando para solventar la situación de la depuradora y que seguirá el proceso, que matizó, aún sigue en instrucción, con el máximo respeto.

 

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