Sacyr lleva de nuevo al Ayuntamiento al juzgado esta vez a cuenta del Plan de Inversiones

Sacyr, accionista mayoritaria de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz (Emmasa), recurre a los tribunales, una vez más, para cuestionar los términos de un acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Santa Cruz. En este caso se trata del tan ansiado Plan de Inversiones mediante el cual la empresa se compromete a invertir en la ciudad cerca de 35 millones de euros
La intervención de Emmasa se da por finalizada, dejando el control de la gestión en manos de la comisión de seguimiento. / S. M.
Sacyr comprometió la inversión de unos 45 millones en la ciudad, uno de los motivos por los que se le adjudicó Emmasa. / SERGIO MÉNDEZ

Sacyr, accionista mayoritaria de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz (Emmasa), recurre a los tribunales, una vez más, para cuestionar los términos de un acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Santa Cruz. En este caso se trata del tan ansiado Plan de Inversiones mediante el cual la empresa se compromete a invertir en la ciudad cerca de 35 millones de euros. En esta ocasión, Sacyr discute los conceptos a incluir en la factura final de las obras, lo que podría suponer ahorrarse parte de esos 35 millones.

La discusión se centra en el beneficio industrial, concepto que las empresas que contratan con la administración pública, tienen derecho a incluir en su factura y que es del 6%, o lo que es lo mismo, el margen que va obtener por realizar la obra. Ese porcentaje es el mismo que el Ayuntamiento de Santa Cruz reconoce a Sacyr en el convenio firmado para ejecutar el Plan de Inversiones. Sin embargo, este porcentaje solo lo recibe si subcontrata las obras con empresas fuera del grupo. Ayer, la Junta de Gobierno local desestimó la reclamación de Sacyr para cobrar ese porcentaje aunque subcontrate con sus propias empresas, de forma que, según el Ayuntamiento lo estaría recibiendo dos veces.

Este farrogoso asunto administrativo se traduce en que, si los tribunales le dan la razón a Sacyr, la empresa se estará ahorrando parte de la inversión comprometida puesto que las facturas serán mayores que lo realmente invertido, obteniendo un beneficio prohibido por el propio convenio firmado con el Consistorio.

Así lo explicaba ayer el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, quien quiso dejar claro que bajo ningún concepto se paraliza la ejecución del Plan de Inversiones, puesto que, “se trata de un asunto administrativo que se resolverá en los tribunales”. “Si el juez falla a nuestro favor la factura será menor y tendrá que poner más dinero Sacyr y si falla a favor de ella pondrá menos”. Este nuevo conflicto fue planteado en la primera de las obras que se desprende del Plan de Inversiones, la nueva red de saneamiento de la calle Pelícano.

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