Territorio de vándalos

El entorno urbano de cualquier ciudad suele mostrar puntos comunes como los grandes edificios, cascos históricos o avenidas y paseos que hacen de la urbe un lugar mejor para vivir, o al menos, esa es la intención. Sin embargo, los viandante también se encuentran en su camino con numerosos elementos que se alejan de esa visión y suponen un ataque al buen gusto, al civismo y a la convivencia. El vandalismo es una de las acciones que más dinero le cuestan a los ayuntamientos y especialmente los actos relacionados con la quema de contenedores y las pintadas en sus diversas acepciones. En Santa Cruz de Tenerife, estas dos acciones supusieron para las arcas municipales más de 367.000 euros de coste en 2015. Solo en la reposición de contenedores dañados o quemados, el área de Servicios Públicos se gastó 232.149 euros, lo que se tradujo en la reposición de 189 unidades. En cuanto a la eliminación de pintadas y carteles el coste fue de otros 135.390 euros. Según los datos del área que dirige Dámaso Arteaga, solo en lo que va de año ya han tenido que sustituir 36 contenedores incendiados y en lo referente a la retirada de pintadas, los servicios municipales han tenido que intervenir en más de 24 enclaves y en algunos como la calle Méndez Núñez en más de una ocasión.

Llama la atención por ejemplo las más de 15 pintadas que tuvieron que eliminar el pasado mes de mayo en la plaza Francisco Hernández Barroso y más aún las 50 que se localizaron en el parque Cuchillitos de Tristán. Otros lugares recurrentes son los de la plaza Weyler o el viario del barranco de Santos. Sin embargo, es común en la estampa de la ciudad, observar estas pintadas en cualquier pared, papelera, banco o incluso en árboles centenarios como los laureles de indias de la plaza de San Francisco.

Además de las intervenciones mencionadas anteriormente, si se observan construcciones que amanecen con alguna pintada, se procede a su eliminación de forma inmediata, pero sin guardar registro del mismo. El propio servicio recuerda que, con relación a otros años, el número de intervenciones ha descendido pero porque desde el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) se ha solicitado que, cuando las pintadas afecten a esculturas, monumentos, etc, no se actúe y se les informe para que ellos valoren la misma. El motivo de este protocolo de actuación es que el OAC cuenta con una empresa especializada en la limpieza de estos objetos de arte.
Desde Servicios Públicos, Arteaga, defiende que el vandalismo no es algo exclusivo de Santa Cruz sino de todas las grandes ciudades, en las que hay comportamientos que se repiten. En el caso de la capital, en lo referente a los contenedores, admite que se ha reducido el número que se ha quemado gracias a a la acción conjunta de Servicios Públicos y la unidad Proteu de la Policía Local. “Estamos empeñados en mejorar la ciudad y para ellos necesitamos la colaboración de los vecinos en el mantenimiento de lo público, que debe ser entendido como una prolongación del hogar, concluyó Arteaga.

Proteu

Esther Rojas es una de las ocho agentes que forman parte de la Proteu, la unidad de la Policía Local creada hace dos años con el objetivo de hacer cumplir las ordenanzas de limpieza de la ciudad. Reconoce que en estos momentos el problema más acuciante tiene que ver con los denominados tag o firmas que ensucian la ciudad y a los que no se les puede considerar arte. Explica que “los requerimientos vienen tanto por cosas que nosotros como agentes observemos de forma directa o por las llamadas de algún vecino”. Esta agente que trabaja de paisano, coincide con Arteaga en que “la colaboración ciudadana es muy importante por ejemplo en el tema de los grafitis”. En este aspecto la Proteu ya cuenta con un registro de las firmas que más se repiten en la ciudad “tenemos algunos que están ya localizados”, cifrando en algo más del 60% el número de firmas ya identificadas. “Cada vez que se identifica una nueva se levanta acta viendo si la pintada se ha producido en propiedades privadas (fachadas de casas por ejemplo) o si son en zonas públicas o sitios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC)”, explica Rojas. Según detalla, incluso se han abierto diligencias judiciales en algunos casos.