El proyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno canario mantiene disposiciones que chocan con los criterios defendidos por la dirección regional del PSOE, socio de CC, a pesar de lo cual los consejeros socialistas en el Ejecutivo le dieron el visto bueno. Cierto es que queda el trámite parlamentario para consensuar la ley, como señaló el pasado lunes, tras el Consejo en que se aprobó la propuesta, la vicepresidenta del Gobierno, la socialista Patricia Hernández.
El PSOE aún no ha tenido un debate interno sobre esta iniciativa legislativa. El pasado sábado la dirección socialista que lidera José Miguel Pérez anunció que elevará este asunto en una “próxima reunión” de la ejecutiva regional. Y lo hizo en una declaración divulgada 48 horas antes de aprobarse el proyecto de ley con criterios que, en su mayoría, coinciden con observaciones del propio Consejo Consultivo.
La envergadura del choque entre el texto aprobado por el Gobierno canario y lo que piensa la dirección socialista se patentiza en cuestiones como la derogación de la Ley de las Directrices, -el PSOE pide que sea revisada, no eliminada- o el papel de la Comisión de Ordenación delTerritorio y el Medio Ambiente (Cotmac), que, de salir adelante la ley propuesta, no hará evaluaciones ambientales estratégicas de los planes insulares ni de los planes generales, mientras que el Partido Socialista defiende lo contrario.
En el caso de las Directrices de Ordenación General, fue la ley estrella del debate parlamentario a principios de los 2000, y marcó una época, pues introdujo los criterios del desarrollo sostenible y la contención del crecimiento turístico. El propio Consejo Consultivo indica que se trata de una “derogación de tanta transcendencia” que puede ocasionar “inseguridad jurídica”.
El proyecto de ley borra esas Directrices de un plumazo, a la vez que mandata al Gobierno a aprobar otras de igual nombre, por decreto y sin rango de ley, para ordenar los recursos naturales y del territorio y “ garantizar el desarrollo sostenible y el equilibrio ambiental, territorial y paisajístico”.
En cuanto a la Cotmac, está claro que la dirección regional del PSOE no acepta su vaciado de poder, aunque en la nueva redacción de la ley se ha incorporado que, si bien ya no es la mandamás en un plan general o insular, sí puede al menos advertir a ayuntamientos y cabildos de ilegalidades que vea.
De todos modos, en su declaración sobre la Ley del Suelo, los dirigentes del PSOE canario recuerdan que en el pacto suscrito con CC se deja expreso que la evaluación ambiental estratégica de la planificación del territorio la emitirá la Cotmac “o cualquier otro órgano que pueda sustituirla”, pero los socialistas advierten que tal órgano debe ser en todo caso autonómico. En el proyecto de ley esto no se cumple: cada ayuntamiento y cada cabildo tendrá el suyo propio para evaluar el impacto ambiental de sus planes.
Otras cuestiones de la futura ley tampoco gustan al PSOE, como que los planes insulares puedan establecer urbanizaciones turísticas convencionales fuera de las zonas reservadas para este uso.
Tampoco comparte el PSOE que se regularicen los usos residenciales existentes en complejos turísticos (incluso si son contrarios a la ordenación), por lo que los socialistas prefieren que se les dé a sus propietarios un plazo de “unos cuantos lustros” para que opten por uno de los usos, o residencial o turístico para todo el complejo.La directiva del PSOE previene incluso de que sería “conveniente conocer la opinión del empresariado turístico” sobre que esta solución que da el proyecto de ley”.
Y, por último, la cúpula del PSOE canario coincide con el Consultivo en rechazar que no se exija trámite de evaluación ambiental ordinaria a las ordenanzas provisionales que podrán aprobar cabildos o ayuntamientos “cuando, la evolución económica y social traiga consigo una necesidad pública o de interés social, nueva y relevante, en tanto que sobrevenida”no prevista en la planificación, unos mecanismos excepcionales que además los podrá activar tanto la Administración como la iniciativa privada (“personas o entidades que ostenten intereses legítimos representativos”, en la, según el propio Consejo Consultivo, “enigmática” definición del proyecto de ley).
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