La legalización de explotaciones ganaderas en Canarias es una de las papas calientes que tiene el Gobierno autonómico. De hecho, para el actual Ejecutivo se trata de “la mayor dificultad” a la que se ha enfrentado en este sector, según reconoció recientemente el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en un dosier entregado a los periodistas con un resumen de su primer año de gestión.
Una reflexión cuyo alcance se calibra mejor con un dato que lo dice casi todo: en Canarias hay unas 6.000 instalaciones ganaderas “alegales”, pendientes, por tanto de legalización. Es una cifra que aporta a este periódico Pedro Molina, el reelegido presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife (AGATE), que lleva 25 años al frente de este colectivo y conoce la realidad del sector como la palma de su mano.
La situación irregular de estas granjas no reside en falta de permisos desde el punto de vista sanitario o agroalimentario, sino en problemas de carácter urbanístico. Es decir, según explica Molina, “no cuentan con licencia de actividad, por no ajustarse a las ordenanzas municipales, que en muchos casos se hicieron 20, 30 o 40 años después de existir estas actividades”.
Hace siete años se abrió un proceso de regularización al calor de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo. De acuerdo con los datos de AGATE, de momento se han podido regularizar desde este punto de vista unas 700 instalaciones, pero la imensa mayoría continúa en la alegalidad.
El presidente de AGATE apunta que el ritmo de legalización decayó por la crisis económica, debido a que se redujo “a cero” casi el presupuesto del Gobierno canario para este proceso. Ello ha impedido contratar las encomiendas a la empresa pública Gesplan, que era la que redactaba los proyectos. “Esperamos que el Gobierno canario vaya dotando a Gesplan de los recursos para ello, ahora que la situación económica ha cambiado”, desea el dirigente ganadero.
“Es importante resaltar”, expone el representante de los ganaderos tinerfeños, “que no estamos hablando de empresas ilegales, sino en tal caso alegales al no tener licencia municipal, porque todas están en el registro de explotaciones ganaderas, como el SIMOGAN, que es un programa a nivel europeo, algo que es obligatorio desde 1992, cuando España pasa a ser estado miembro de de la Unión Eureopea y Canarias se incorpora con el Protocolo 2”.
En su artículo 5, la referida Ley de 2009 se establece que el Gobierno canario, a propuestas de las consejerías competentes en ordenación del territorio y medio ambiente “podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas actualmente en explotación que hubiesen sido ejecutadas sin los correspondientes títulos administrativos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, y, en todo caso, cuando sus ampliaciones posteriores supongan una mejora zootécnica, sean consecuencia de la adaptación a la normativa sectorial de aplicación y la superficie ocupada sea la destinada estrictamente al uso o explotación animal hasta un máximo de un 70% de la superficie ocupada por las mismas, siempre que por su dimensión no les fuera exigible declaración de impacto ambiental, o en su caso previa la evaluación que le resultara exigible “y se encuentren en suelo rústico en determiandos supuestos regulados por esta normativa.
En julio pasado, durante una intervención en el pleno del Parlamento, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero (CC) anunció que ha desarrollado una hoja de ruta para la legalización de explotaciones ganaderas, y aseveró que con la Ley del Suelo en tramitación se facilitará este proceso.
Según explicó Quintero en esa sesión parlamentaria, “la idea es unificar de forma definitiva las líneas de interpretación de la ley en aspectos funcionales, ambientales, estéticos, sanitarios y de bienestar animal en relación a la tipificación del suelo y del medio ambiente”. Aclaró el consejero que las instalaciones de ganado pendientes de legalizar no tendrán que iniciar el procedimiento con la entrada en vigor de la nueva norma, sino que este continuará.
Quintero subrayó que su departamente “ha sido consciente siempre de las dificultades existentes en estos últimos años a la hora de legalizar explotaciones ganaderas, de ahí que se haya trabajado en la mejora de la redacción de las leyes que afectan a este procedimiento en los sucesivos textos en materia de ordenación territorial que ha aprobado el Gobierno de Canarias”.
Así, en lo que se refiere a las medidas adoptadas para paliar las dificultades que entraña la normativa actual, comentó que se ha trabajado en varias cuestiones. Desde 2009, con la Ley de Medidas Urgentes, se ha producido, dijo, una evolución en la norma encaminada a favorecer la legalización de las explotaciones ganaderas, es decir, a solventar los obstáculos que se iban encontrando.
De ahí que, por ejemplo, en 2014, la Ley de Armonización y Simplificación sobre Ordenación del Territorio y Recursos Naturalesmodificara los niveles de impacto ambiental en relación con la magnitud censal de las explotaciones ganaderas, “lo que permitió desatascar un número considerable de expedientes”, subrayó Quintero.
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