La directora técnico jurídica de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuando la corporación compró los terrenos de Las Teresitas, Luisa del Toro, declaró ayer que la arquitecta municipal que tasó ese suelo, Pía Oramas, se sentía amenazada y coaccionada. Por su parte, los arquitectos Javier Domínguez Anadón y Epifanio Gómez coincidieron en que el convenio de 2001 (que incluye la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento luego anulada por el Supremo) redujo la edificabilidad en el conjunto que conforman la playa y su entorno.
Para sorpresa general, fue Del Toro -última testigo en declarar- quien terminó protagonizando la jornada de ayer con una testifical que desde las primeras preguntas de la fiscal del caso, María Farnés, estuvo marcada por las llamativas respuestas de la exdirectora técnico jurídica de la Gerencia de Urbanismo, quien sostuvo igualmente que fue el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, quien encargó el informe a Pía Oramas donde se recoge la tasación más baja de los terrenos en cuestión y que finalmente no se incorporó al expediente.
Con no poca vehemencia, la exarquitecta municipal llegó a decir a quienes compartían lugar de trabajo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el lugar donde tenía el informe, por si alguna vez le ocurría algo. También sostuvo que finalmente fue cesada en sus responsabilidades del Ayuntamiento de Santa Cruz de tenerife como represalia por el informe que realizó a cuenta del llamado caso mamotreto, que versa sobre los aparcamientos construidos en la cabecera de la playa y que finalmente una sentencia obliga a derribar tras condenar a exconcejales y extécnicos municipales, entre los que se encuentran los ya citados Parejo y Gómez.
HACE UNOS DÍAS
También llamó la atención que al ser preguntada por quién la captó y promocionó en el Consistorio capitalino, el exconcejal de Urbanismo José Ángel Martín, respondiera que hasta hace unos días desconocía que el socialista fue uno de los denunciantes en este caso. Sirva como ejemplo de la línea testifical que siguió ayer Luisa del Toro su consideración de que, a su juicio, “son malos tiempos para los funcionarios que hacen informes que no son del agrado de los políticos”. También recordó que tras el convenio ya llegaron reclamaciones de propietarios de terrenos en la zona que consideraban escasa la cantidad de dinero que se les había abonado por los mismos. Del Toro compareció ante el tribunal después de que lo hiciese Epifanio Gómez, por aquel entonces jefe de Planeamiento municipal y que también aseguró ante el tribunal que Pía Oramas recibió el encargo de hacer el informe directamente del entonces concejal de Urbanismo.
A este respecto, Gómez dijo que no era habitual que un informe lo encargase un concejal de forma directa, hasta el punto que esa fue la primera vez se hizo en 30 años. Aunque como experto en la materia calificó el trabajo de Pía Oramas como “razonable”, especificó que no supo de su contenido hasta cuatro años después de que la corporación comprase los terrenos a los empresarios, es decir, en 2005.
EL TIEMPO TRANSCURRIDO
Si el testimonio prestado por Del Toro estuvo presidido por la excitación, el de Gómez quedó marcado por la insistencia del mismo en no recordar con detalle los pormenores de unos hechos acaecidos hace tantos años. Ello motivó varias interrupciones durante el interrogatorio de las partes al objeto de que el testigo pudiera comprobar en la extensa documentación recopilada varias de las cuestiones por las que fue preguntado.
La jornada de ayer, la sexta dedicada a escuchar a una lista de testigos que supera las setenta personas, arrancó con las manifestaciones realizadas por la exjefa de la sección de Patrimonio Laura Martín, quien defendió que los terrenos del frente de la playa nunca habían dejado de ser municipales, como ya apuntaron el exabogado municipal Ruymán Torres y la exjefa de los servicios jurídicos municipales Isabel Cubas, si bien tal hipótesis puede verse afectada por dos dictámenes municipales que consideran prescrita la deuda de la Junta de Compensación que sustenta tan llamativa posibilidad.
Respecto a lo declarado por Javier Domínguez Anadón, que fuera consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias en una de las etapas de Jerónimo Saavedra como presidente, destacar especialmente que, en su opinión como experto, los terrenos no podían ser expropiados, extremo en el que coincidió posteriormente el también arquitecto Epifanio Gómez.
Javier Domínguez Anadón comentó asimismo que en el informe que emitió para Inversiones Las Teresitas, empresa en la que eran socios los procesados Ignacio González y Antonio Plasencia, dio forma a las alegaciones de quienes le contrataron.
Recordar que por esta causa están acusados trece personas, entre los que se encuentran los exalcaldes capitalinos Miguel Zerolo y José Emilio García Gómez (entonces portavoz municipal del PP), así como destacados empresarios como Antonio Plasencia e Ignacio González Martín.
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La también exconcejal capitalina Ana Zurita es la testigo más conocida de los seis citados hoy a declarar en la Audiencia provincial por el caso Las Teresitas. Los otros cinco son los técnicos Sebastián Martín Arrate, Carmen Casanova Gómez, Juan Luis Medina Fernández-Aceytuno, Andrés de Souza Iglesias y Carlos González Pérez.[/su_note]
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