El Cabildo ha perdido una subvención de algo más de 320.000 euros para el Complejo Ambiental de Los Morenos, en Mazo. El pilar de la gestión de residuos en la Isla, sobre el que pesa una sentencia que desde marzo pasado anuló su autorización ambiental, no puede ser objeto de la inversión para ampliar la celda de vertido ni para construir las que están proyectadas, y cuyo objetivo final es dotar de nuevos espacios a la instalación para tratar las basuras antes de que la única existente quede colmatada.
La revelación de que el Cabildo palmero no puede justificar esa subvención fue realizada no por el grupo de Gobierno, sino por el portavoz adjunto de los populares en el Cabildo, Carlos Cabrera, quien criticó la ineficacia en una tarea de primer orden, la gestión de residuos, y la pérdida de dinero público proveniente de las arcas regionales que se perderán. La situación puede verse empeorada si antes del 31 de diciembre, el Cabildo no consigue que se justifique la inversión de otros 180.000 euros que inicialmente están destinados a la compra de una prensa multimaterial para la reducción del volumen de los residuos.
Juan Manuel González Luis, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, reconoció que los impedimentos para el uso de la subvención proveniente de las arcas regionales, tiene su origen en la imposibilidad de contratar ni ejecutar ninguna obra en la instalación, en tanto no se resuelva la situación jurídica en la que se encuentra, afectada por la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón a la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos Montaña de Azufre y que cuestionó, entre otros aspectos, el sistema de tratamiento de los residuos, el procedimiento de legalización de esas instalaciones públicas y el informe de impacto ambiental.
La sentencia del Tribunal Supremo que ratificó en marzo de este año la invalidez del informe de impacto ambiental con el que se autorizó la apertura y puesta en funcionamiento del Complejo Ambiental de Los Morenos en Mazo, fue el último golpe asestado por los tribunales a la gestión del Cabildo y del Gobierno de Canarias en la fase de tramitación de una instalación prioritaria, que constituye la columna vertebral en el tratamiento de los residuos generados por los 14 municipios de la Isla.
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