Coalición Canaria (CC) ha tenido que recular en su pretensión de vaciar de poder al Gobierno regional en el control del impacto ambiental de los planes urbanísticos. Si en el proyecto de la Ley del Suelo – el Parlamento autonómico lo abordará en el pleno que hoy comienza- había logrado que el PSOE aceptara que esta función quedara en manos de órganos de los cabildos y ayuntamientos, la renegociación del pacto de gobierno entre CC y los socialistas ha hecho que los nacionalistas renuncien a esta medida, a instancias de su socio..
De hecho, una de las medidas recogidas en el acuerdo aprobado el pasado fin de semana entre ambos partidos, para intentar salvar su pacto regional, es precisamente que CC se compromete a dar “la garantía de que la evaluación ambiental estratégica de la ordenación del planeamiento […] se apruebe por un órgano colegiado de la Comunidad Autónoma”. Ese órgano existe ya, con esa misma función: la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac), objeto de dardos de los que rechazan el actual sistema de planeamiento vigente.
Para dejar claro en qué sentido debe recular CC, el acuerdo con el PSOE especifica que ese órgano regional debe vigilar que se cumpla el artículo 32 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales en vigor desde el año 2000, según la redacción que se le dio en la Ley de Armonización y Simplificación promulgada en 2014, durante el Gobierno de Paulino Rivero (de CC y hoy activo detractor de la nueva Ley del Suelo), es decir, evaluar los impactos en el medio ambiente de la ordenación “estructural” contenida en los planes generales.
Por estructural se entiende el “conjunto de determinaciones que define el modelo de ocupación y utilización del territorio en la totalidad del término municipal, así como los elementos fundamentales de la organización y el funcionamiento urbano actual y su esquema de futuro”.
El portavoz de CC-PNC en el Parlamento regional, José Miguel Ruano -uno de los negociadores de este acuerdo con el PSOE- confirmó a este periódico que lo que se pretende es que la Cotmac, o el órgano autonómico que la sustituya, “hará la evaluación ambiental de la parte estructurante de los planes, no de su parte detallada”.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Iñaki Lavandera, destacó, en declaraciones a este diario, que para su partido “era cuestión de máxima relevancia que la evaluación ambiental estratégica estuviera en la Comunidad Autonómica, a través del órgano que se cree”. Pero ya la dirección regional del PSOE, en una nota de prensa apenas 48 horas antes de que en agosto pasado el Consejo de Gobierno aprobara el proyecto de Ley, reclamaba -sin éxito entonces- esta misma medida, así como que no se derogara de un plumazo la Ley de Directrices de Ordenación General (que introdujo en Canarias al filosofía del desarrollo sostenible) y se dejara su aplicación a un futuro reglamento, como ha pretendido CC, sino que en tal caso fuera “revisada”. El propio Consejo Consultivo previno de a trascendencia de tal derogación,que podría crear “un vacío legal”.
Este asunto también ha quedado reflejado en el nuevo acuerdo entre CC y PSOE, pues los nacionalistas han accedido a que se fijen “en una disposición adicional aquellas directrices, de las no contempladas en la Ley del Suelo, que quedarían en vigor con rango reglamentario hasta la aprobación del decreto correspondiente” de unas nuevas directrices de ordenación general.
EL PP ADVIERTE DE QUE SI LA COTMAC NO DESAPARECE, VOTARÁ CONTRA LA LEY
El PP ha sido hasta ahora un entusiasta valedor del proyecto de Ley del Suelo abanderado por Fernando Clavijo. Pero ayer anunció ayer que, si el Gobierno de Canarias incluye nuevamente la Cotmac o un órgano con similares funciones que ahora en esta reforma legislativa durante su trámite parlamentario, se replanteará su apoyo a la norma.
Lo advirtió este lunes la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento regional, Australia Navarro, quien, en declaraciones recogidas por Efe, señaló que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) “ha sido un freno absoluto al desarrollo de Canarias”.
La diputada grancanaria recordó que existen varios asuntos de la Ley del Suelo que actualmente se debaten, como la reconsideración de suelo rústico, y confió en llegar a un consenso con el resto de grupos parlamentarios.
El proyecto de Ley del Suelo retira a la COTMAC sus competencias sobre control de la legalidad de los planes de ayuntamientos y cabildos, que podrán aprobarlos sin su supervisión, y solo emitirá un informe vinculante sobre materias que competan al Gobierno regional. Sin embargo, en el PP ha saltado la alarma por el acuerdo al que han llegado PSOE y CC para mantener su pacto de gobierno, pues los nacionalistas han accedió que la evaluación estratégica ambiental de los planes de urbanismo seguirá correspondiendo a un órgano que dependa del Ejecutivo regional, como ahora.
Ya a principios de octubre el presidente del PP canario, Asier Antona, lanzó un premonitorio mensaje a navegantes: “La Ley del Suelo no debe ser moneda de cambio para salvar el pacto entre CC y PSOE”, y se preguntó “hasta dónde está dispuesto a llegar Fernando Clavijo para satisfacer las exigencias de sus socios”.
El pleno del Parlamento, que este martes comienza y que proseguirá al día siguiente, incluye en el debate en primera lectura de este proyecto de ley, con las enmiendas a la totalidad de NC y Podemos.
NC EXIGE QUE EL GOBIERNO CANARIO CONTROLE LA LEGALIDAD DEL URBANISMO
El grupo de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento canario, que enmendará a la totalidad el proyecto de Ley del Suelo, reclama que un órgano autonómico regional, además de la evaluación ambiental estratégica, también emita un informa de legalidad sobre los planeamientos urbanísticos que aprueben los ayuntamientos.
El presidente de NC, Román Rodríguez, presentó la víspera del pleno la enmienda a la totalidad en una rueda de prensa, en la que valoró que el PSOE, en la adenda al pacto de gobierno con Coalición Canaria, haya pedido que la evaluación ambiental de los planeamientos y que las directrices de ordenación la realice la Cotmac o el órgano autonómico que la sustituya.
Rodríguez reconoció que le “sorprende mucho” que un Gobierno de coalición proponga un proyecto de ley en el que se elimina la evaluación ambiental estratégica por órganos de la Comunidad Autónoma mientras que sus socios -el PSOE- contradigan en un documento lo que acaban de mandar al Parlamento. En su opinión, si mantenían diferencias tenían que haberlas dirimido antes de llevar hoy al pleno de la Cámara regional el proyecto de la ley del Suelo, una propuesta que “subordina el medio ambiente a la coyuntura económica”.
Esta situación pone en evidencia “la crisis total” del Gobierno canario, ha denunciado el diputado de NC, a quien le parece “un pequeñito avance” que la evaluación ambiental estratégica la haga un órgano del Gobierno canario, lo que ha dicho que ya estaba en el pacto de gobierno suscrito por CC y PSOE. Para Rodríguez, la evaluación ambiental estratégica la tiene que hacer un órgano distinto al que apruebe el planeamiento, que serán los ayuntamientos.
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