Los entonces portavoces de los grupos municipales del PSOE y del PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez, coincidieron ayer en declarar que cuando votaron a favor de la compraventa de los terrenos del frente de playa a los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia desconocían la existencia de un informe de la exarquitecta municipal Pía Oramas que reducía el valor de dichas parcelas a la tercera parte de lo que finalmente se pagó, unos 52,5 millones de euros.
Las declaraciones de Fresco y García Gómez llegaron en la segunda jornada de interrogatorios a los 13 acusados por esta causa en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Con anterioridad a las declaraciones de ambos políticos se siguió con la del exresponsable de Urbanismo Manuel Parejo, quien fue preguntado por el presidente del tribunal acerca de la causa por la que no se incluyó finalmente en el expediente la valoración de Pía Oramas, precisamente la causa por la que finalmente el Supremo anuló esta operación al no incluirse tasación municipal alguna.
Parejo respondió al respecto que dicho informe era un documento de trabajo interno y reiteró que, como ya dijo el día anterior el exalcalde Miguel Zerolo, fueron los empresarios quienes fijaron el precio en 8.700 millones de pesetas o construirían en la playa. Aun así, el magistrado mostró su extrañeza de que en el expediente solo constara los informes que reforzaban la tesis de los empresarios (Sociedad de Tasaciones, Tinsa) y no los que rebajaban el valor de las parcelas (Pía Oramas, Carlos III, Pool Gest).
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