La polémica sobre si el trasvase de aprovechamiento (así se considera en la sentencia del Tribunal Supremo) incluido en el convenio donde se plasmó la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín benefició a dichos empresarios o al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife centró ayer buena parte de la sesión celebrada en la Audiencia Provincial por el llamado caso Las Teresitas, donde se juzga a 13 personas (entre ellas ambos empresarios y los exalcaldes capitalinos Miguel Zerolo y José Emilio García Gómez) por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Así, el informe municipal (elaborado en esta parte por Elías Medina con vistas al juicio civil celebrado por esta causa y que está pendiente de sentencia hasta que se agote la vía penal) sostiene que el cambio de los derechos sobre las parcelas del frente de playa al valle de Las Huertas hizo que los empresarios pasaran de contar con unos 97.000 metros cuadrados de edificabilidad a unos 120.000. Tal conclusión se alcanza comparando lo fijado en el plan parcial de 1988 con la modificación de 2005. Sin embargo, el perito de la defensa Javier Domínguez Anadón sostiene que se debe tomar como referencia el plan de 1992, que a su juicio anula en este punto al del 88, con el resultado de que los empresarios sufrieron una reducción en la edificabilidad de unos 15.000 metros cuadrados. Eso sí, Domínguez Anadón parte de la base de que las parcelas 12, 13 y 14 son de dominio privado y no público, un asunto que él mismo reconoce que no está claro. A este respecto, la fiscal sorprendió ayer a este perito con un singular comunicado emitido desde el Gobierno de Canarias que considera “anómala” una ordenanza en tal sentido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, aunque no consta que desde el Ejecutivo se procediese en consecuencia.
Más de 70 millones
Más de 70 millones. Es la conclusión que obtienen las defensas aplicando el valor dado en el informe municipal sobre Las Huertas a las parcelas del frente de playa. En dicho informe se estima en 373 euros el metro cuadrado tras sacar una media de zonas similares como María Jiménez, etc., un cálculo que curiosamente da el mayor precio dado al frente de playa si la extrapolación fuera posible. De cualquier modo, el hecho de que esta parte del informe utilizara como parámetros los correspondientes a 2011 (fecha en que se encargó con vistas al juicio civil celebrado por este caso y visto para sentencia hasta que acabe el penal) resta importancia al mismo.
Hoy, calígrafos y el informe Olano; el lunes se empieza con los acusados
La sesión de ayer fue la penúltima de la fase pericial, mientras que hoy se espera que los peritos calígrafos aclaren si el ex responsable de Urbanismo, Manuel Parejo, escribió anotaciones al margen sobre los documentos que defienden la propiedad municipal de todo el frente de playa y que fueron hallados en 2013. También se leerá el llamado informe Olano, emitido por el Ejecutivo regional a instancias de la Fiscalía y favorable a las defensas al rechazar de plano la expropiación.
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