Martínez: “Estamos trabajando duro para tener las depuradoras listas y evitar la multa”

El Cabildo ha acelerado en el último año las labores para poner en marcha las dos estaciones de tratamiento de aguas residuales apercibidas
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Manuel Martínez es el consejero insular de Aguas. / Andrés Gutiérrez

El Cabildo de Tenerife es consciente del problema que tiene la Isla en saneamiento. Ahora, un nuevo dictamen de la Unión Europea pone el foco en el Valle de Güímar y el Nordeste de La Laguna (Valle de Guerra), dando un nuevo tirón de orejas por las carencias en el tratamiento de aguas residuales, lo que puede desembocar en multas por el incumplimiento de la normativa. Desde hace ya un año, el Gobierno insular trabaja, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, para hacer frente a esta problemática. De hecho, las dos depuradoras planificadas para sendos núcleos prevé solucionar esta situación, informó a DIARIO DE AVISOS el consejero insular de Aguas del Cabildo, Manuel Martínez.

“Estamos trabajando desde hace ya un año para evitar las sanciones de Europa y confiamos en que así sea”, puntualizó el responsable insular de Aguas. Explicó que la situación en ambos casos es diferente. Por un lado, la depuradora de Valle de Guerra, que se trata de una obra declarada de interés general por el Estado, se prevé que comience a prestar servicio sobre los meses de febrero o marzo de 2017, de tal manera que evitaría así las deficiencias actuales en el tratamiento de las aguas negras.

En cuanto la depuradora del Valle de Güímar, que abarca también los municipios de Arafo y Candelaria, el proyecto se dilatará un par de años, debido al retraso registrado hasta el momento. Para ello, el Gobierno insular planea poder licitar este proyecto el año que viene, de tal manera que podría estar operativo dos años más tarde, esto es, en 2019.

Esta instalación fue construida por el Gobierno de Canarias en el año 1996, pero nunca se llegó a culminar ni a entrar en funcionamiento. De hecho, su expediente ha estado bloqueado hasta este mismo año, cuando el Cabildo volvió a redactar el proyecto e inició las trámites para la expropiación de los terrenos necesarios. Además, tiene previsto, con fondos propios, financiar el coste de esta dotación, que asciende a cerca de 14 millones de euros. Aunque la idea era licitar este mismo año los trabajos, el expediente de impacto ambiental del Gobierno ha demorado la fecha. La infraestructura servirá para impedir que se viertan aguas sin tratar al mar directamente, como ocurre ahora, y para la agricultura.

Además, el Cabildo está trabajando con el resto de municipios la mejora de la red de saneamiento con el fin de que todos los núcleos cumplan con lo exigido. Para ello, se va a priorizar este fin en el Plan de Cooperación.

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