El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo defendió ayer su inocencia, a la par que lamentó haber sufrido “12 años de penas de banquillo”. El también exsenador, que abogó igualmente por la absolución del resto de encartados, sostuvo que en todo el proceso no se ha demostrado la comisión de delito alguno y recordó que el único dato real de mercado sobre el precio de los terrenos del frente de la playa adquiridos en 2001 por el Ayuntamiento es que Mapfre pagó más por los situados en la trasera y, además, la Corporación capitalina se reservó una parcela hotelera cuyos réditos compensarían buena parte de lo abonado. Hay que recordar que el Tribunal Supremo anuló en 2007 esta compraventa al entender que se incumplió la normativa vigente por no incluir en el expediente una tasación municipal de los terrenos en cuestión.
Zerolo realizó estas declaraciones durante la sesión de ayer, al ser el único de los 11 encartados que hizo uso de su derecho a la última palabra en este juicio penal por el llamado caso Las Teresitas, y que ha quedado visto para sentencia. En su alocución, el exregidor santacrucero insistió en que no hubo concierto para adquirir las parcelas con sobreprecio, tal y como sostienen las acusaciones.
“No sé que hago aquí”, llegó a decir Zerolo, que sí dijo saber sobre las consecuencias personales, familiares y laborales de todo tipo que ha supuesto la aludida pena de banquillo, en referencia a la presión mediática inherente al caso. A este respecto, incluso recordó que durante la instrucción de este sumario su esposa se vio obligada a prestar declaración y que su padre, un anciano de 85 años cuyos problemas de audición le impedían comprender plenamente lo que sucedía, fue “llevado por la policía”.
Bien común
Como ya expuso en su día, el político nacionalista explicó de nuevo que su motivación en todo este asunto era trabajar por el bien de la capital tinerfeña, lo que a su juicio se logró al evitar que se construyera en el frente de la playa capitalina, en sintonía con lo expresado entonces por la gran mayoría de los santacruceros.
Además, sostuvo Zerolo, la operación fue positiva dado que era rentable para las arcas municipales. Como ejemplo de ello, recordó que el Ayuntamiento pagó a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín 52,5 millones de euros por el frente de playa, mientras que Mapfre abonó 94 millones por los terrenos del valle de Las Huertas. Para el político nacionalista, este dato es el más objetivo para valorar el precio de los terrenos en cuestión más allá de las valoraciones técnicas. A este respecto cabe igualmente recordar que, tanto durante su interrogatorio como en el de otros acusados, se describió las negociaciones entre el Ayuntamiento y los empresarios como tensas y plagadas de desencuentros. Incluso, Plasencia dijo que él era partidario de construir en el frente de playa, pero que su socio (González Martín) impuso la opción de llegar finalmente a un acuerdo con los munícipes.
Ante lo que considera ausencia de pruebas, tanto en su contra como contra el resto de acusados, Zerolo reconoció que le resulta muy difícil defenderse de una acusación que estima basada en un acto de fe de la Fiscalía, cual si se tratara de una “prueba diabólica”. Respecto a la posibilidad de que llevara a cabo toda la operación para obtener un rédito político en las urnas, el exalcalde adujo que difícilmente encuentra lógica al referido planteamiento, por cuanto la operación fue respaldada en un pleno municipal desde los otros dos grupos municipales de entonces, el del PSOE y el del PP, cuyos portavoces también están encausados por este asunto: Emilio Fresco y José Emilio García Gómez.
Tres meses
Las palabras de Zerolo, que reconoció hablar en contra del parecer de su abogado defensor y que optó finalmente por dar su explicación política del asunto (“me llevaría seis horas”, dijo), fueron el colofón a una vista oral que se inició el pasado mes de septiembre y en la que, como principal noticia, figura la retirada de los cargos contra dos de los técnicos municipales de entonces. La Fiscalía también optó por no seguir acusando a dos de los empresarios (Carlos Plasencia y Pedro González), pero la acción popular mantiene su solicitud de penas. Así las cosas, de los 13 encartados inicialmente quedan 11 en el banquillo, y se les acusa de la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación.
Las principales penas solicitadas son para Zerolo y el exedil de Urbanismo, Manuel Parejo, para quienes la acusación pública solicita un total de ocho años de prisión. Para los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín se piden penas de cuatro años de cárcel, las mismas que para los exportavoces de PSOE y PP, los ya citados Fresco y García Gómez.
Los otros tres encausados son técnicos municipales: José Tomás Martín, Juan Víctor Reyes, y José Luis Roca, que cuando se produjeron los hechos eran el exgerente, exsecretario delegado y exinterventor delegado de la Gerencia de Urbanismo, respectivamente.
Aunque durante la exhaustiva instrucción del caso se investigó un posible delito de cohecho, la Fiscalía no encontró pruebas del mismo, si bien no dudó en recordar durante la vista lo que entiende como indicios del mismo, lo que provocó la repulsa de los abogados defensores y el rechazo de los propios acusados.
Lo cierto es que, a efectos procesales , tal y como recuerda un aforismo ampliamente conocido: Quod non est in actis non est in mundus (Lo que no está en los autos no existe en el mundo).
Una decisión valiente que poco agrada a los abogados
La decisión de Miguel Zerolo de ejercer su derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia no es habitual, dado que los abogados defensores, en su gran mayoría, desaconsejan tal opción a sus clientes. Buena prueba de ello fue que, de los 11 encartados, solo Zerolo habló ayer. Aunque el exalcalde no es precisamente de los que rehúsan la controversia, sí que se dejó convencer por su letrado y no utilizó tal derecho para ajustar cuentas o criticar a sus detractores, centrándose en lo que entiende como una injusticia que, pase lo que pase, ya le ha pasado factura n
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