Organización criminal en el ‘catastro paralelo’ de Tenerife

Hasta 17 investigados, peticiones de pena que llegan a los 16 años de prisión para la mayoría de los encartados y acusaciones formales por delitos tan graves como organización criminal y cohecho.

El caso del llamado catastro paralelo, que versa sobre una presunta trama para obtener beneficios de determinadas irregularidades en dicho registro de la provincia tinerfeña, adquiere aún mayor relevancia tras presentar sus primeras conclusiones las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

Entre los referidos 17 encartados hay que diferenciar dos grupos. Por una parte está el que los investigadores señalan como núcleo duro y en el que se incluyen, presuntamente, al especialista en informática del Catastro provincial de Santa Cruz de Tenerife y su pareja sentimental de entonces, una jefa de área de dicho organismo, cuyas funciones pasarían por la dirección del grupo y la tramitación de tan irregulares servicios para quienes optasen por encargarles sus trámites en este registro para obtener ventajas que, por ejemplo, pasaban por arreglar en un día lo que oficialmente tarda como media hasta 140 días.

Junto a ellos se sumaría el responsable de una gestoría y un empleado de una notaría lagunero, ambos familiares del informático y supuestamente encargados de la captación de esos ciudadanos dispuestos a beneficiarse de este catastro paralelo que se describe en el informe elaborado en su día por los especialistas de la Guardia Civil.

En el segundo grupo entrarían los restantes, precisamente algunos de esos clientes (residentes en Tenerife y La Gomera) que además habrían ayudado a buscar otros interesados en saltarse los férreos controles propios -en teoría- de una institución como la que nos ocupa. Probablemente, el mejor dato a la hora de comprender la relevancia de este caso lo aportó uno de los principales acusados cuando manifestó a los investigadores que estas actividades se habían iniciado prácticamente con el milenio: año 2000.

Este escándalo salió a la luz por la redada que la Guardia Civil llevó a cabo en junio de 2014 en las oficinas de esta institución, paradójicamente un registro administrativo imprescindible para otorgar seguridad jurídica a todos los derechos relacionados con los bienes inmuebles (propiedad, posesión, transmisión, etc).

Tras estos dos años y medio de instrucción, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha puesto fin a la misma recientemente al decretar la apertura de juicio oral con un total de 17 investigados, ya que finalmente solo una de los 18 sospechosos iniciales ha quedado liberada de toda sospecha.

Respecto a las conclusiones provisionales de las acusaciones, hay enormes diferencias entre ambas, si bien coinciden en algo básico: consideran probada la comisión de una apreciable cantidad de acciones delictivas.

Por lo que respecta a la Fiscalía, que dentro de la gravedad de su posicionamiento es la más benévola de los dos, acusa a solo once de los 18 encausados originarios, a los que considera responsables de la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa en concurso medial (uno de los delitos se comete como medio para llevar a cabo el otro) con otro, ambos continuados, de falsedad en documento público. También les acusa de un delito continuado de infidelidad en la custodia de los documentos públicos en concurso ideal (la misma acción constituye dos o más delitos) con un delito continuado de cohecho que son distintos tipos penales si el responsable es un funcionario o es un particular. Por último, también se aprecia la presunta comisión de un delito de cohecho cometido por particular. Para la totalidad de esos once acusados por el Ministerio Fiscal se solicita una pena de seis años de cárcel, ya sea por unos y otros de los delitos apuntados. En algunos casos destacan las largas penas de inhabilitación solicitadas para funcionarios y profesionales del sector.

SEVERO

Sin embargo, es la Abogacía del Estado quien se ha mostrado especialmente severa en sus conclusiones provisionales, ya que no solo acusa a más personas (en concreto, a 17 de los 18 implicados en el inicio de la instrucción) y pide para ellos condenas mucho más elevadas al apreciar, además de esos tipos señalados por la Fiscalía, que el grupo se conformó como organización criminal, un delito previsto en el artículo 570 y que ya se apuntaba en el informe elaborado por la Guardia Civil.

Como quiera que además valora de distinta forma las posibles responsabilidades penales, el resultado final es que la Abogacía del Estado pide para esos 17 penas por un total que oscila entre los 12 y 16 años de cárcel, intervalos de tiempo habituales en casos de homicidio e incluso asesinato.

Resta añadir que el auto donde se dispone la apertura de juicio oral ha sido recurrido por varios de los investigados en un último intento por evitar que acaben en el banquillo de los acusados en un juicio que los expertos vaticinan complejo dado el número de implicados y que podría celebrarse a finales del año que viene.

EL DESCONTROL EN LA INFORMÁTICA FACILITÓ MÁS DE UN DECENIO DE IRREGULARIDADES

Tal y como se relató en su día, la respuesta a cómo pudo funcionar un catastro provincial paralelo que presuntamente operaba desde dentro y que como mínimo, actuó durante al menos una década, pasa por el personaje supuestamente clave en la trama: el informático del catastro. Los investigadores de la Benemérita sostienen que un ardid informático permitió el desarrollo de las irregularidades, ya que las anotaciones del catastro paralelo figuraban con la firma de la responsable del propio catastro, cuando en realidad era ajena a toda la trama, tal y como siempre han sostenido tanto el Instituto Armado como la Dirección General del Catastro a nivel estatal.

Sea como fuere, el catastro provincial tinerfeño funcionaba con un proceder informático carente de todo control: como los funcionarios tenían facultad decisoria para realizar actos administrativos con plenitud de efectos jurídicos bajo la firma de otro, ello permitió en la práctica la creación de ese catastro paralelo cuyos servicios supuestamente fueron ofrecidos a buena parte del sector inmobiliario provincial.

Un secreto a voces que acabó por dejar de serlo tras tanto uso.

La Abogacía del Estado pide entre 12 y 16 años de cárcel para cada uno de los investigados por una presunta trama activa desde 2000 a la redada de 2014

ALGUNOS DATOS

El menú. Es sabido que la impunidad genera consecuencias de todo tipo, pero aún así resulta sorprendente que, según sostuvo la Guardia Civil en su día, el presunto catastro paralelo llegó a tener su propia carta de precios, que variaba según el trámite que requería el cliente y la naturaleza del mismo

Unos más que otros. Siempre según la Benemérita, hubo de todo como en botica. Alguno tuvo que pagar por los servicios del catastro paralelo hasta seis veces el coste oficial. Por contra, no se cobró a familiares de los principales encartados. Curiosamente, hasta constan algunos casos que abonaron cantidades por trámites que, en realidad, son gratuitos en el catastro.

Su papel, arriba del todo. El supuesto catastro paralelo ofrecía, obviamente, unas prestaciones ventajosas para quienes aceptaron implicarse en el mismo. Por supuesto, la principal es que ipso facto se obviaba el orden de incoación de los expedientes catastrales e incluso, no hacía falta presentar la documentación imprescindible en caso de actuar conforme a la ley vigente. Un efecto de trato tan preferente como irregular es que se podía arreglar en un día lo que, oficialmente, de media tarda hasta 140.

Ese toque especial. El catastro paralelo que describe la Guardia Civil sabía de lo que se traía entre manos. Buena prueba de ello es uno de sus trucos. consistente en tramitar todos los expedientes como solicitudes de inicio de procedimiento de subsanación de discrepancias, y no como recursos, lo que otorga claras ventajas en la fecha en que surgen efecto.

QUÉ ES EL CATASTRO

El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales.

Lo que describe: La descripción catastral de los bienes inmuebles incluye sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encuentran su localización, referencia catastral, superficie, uso, cultivo, representación gráfica, valor y titular catastral.

Dirección General: es el órgano directivo que tiene encomendada la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario así como la difusión de la información catastral, funciones que ejercerá directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones.

Delegaciones: la Dirección General del Catastro desarrolla sus funciones a través de los Servicios Centrales y los Servicios Territoriales, éstos últimos constituidos por las Gerencias Regionales y Territoriales. También existen más de 3.500 puntos de información catastral (PIC), situados principalmente en municipios y Diputaciones distribuidos a lo largo de todo el territorio, en los que pueden obtenerse información, certificados y otros servicios catastrales.