El interventor ratifica sus reparos al préstamo de 120.000 euros a las grúas de La Laguna

Unid@s considera que había un interés “expreso” en mantener a la empresa por sus “vínculos personales con cargos públicos”
Los representantes de los partidos políticos, momentos antes de la reunión de la comisión de grúas. Sergio Méndez
Los representantes de los partidos políticos, momentos antes de la reunión de la comisión de grúas | FOTO: Sergio Méndez

En la reunión de ayer de la comisión especial de estudio sobre la gestión del servicio municipal de grúas en La Laguna, el interventor ratificó los reparos que formuló en su día al préstamo de 120.000 euros que el Ayuntamiento hizo a la empresa que gestionaba el servicio en aquel momento. “A nuestro entender, hubo un interés expreso y extremo para lograr que la empresa pudiera tener las condiciones económicas necesarias para poder renovarle el contrato en agosto de 2014”, afirmó el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, quien destacó que, a su juicio, la razón que hay detrás es “básicamente, los vínculos personales existentes entre cargos públicos de aquel momento y responsables de la empresa concesionaria”. Es decir, la supuesta conexión que había entre el actual presidente regional y alcalde en aquel momento, Fernando Clavijo, con algunos de los trabajadores que pasaron a ser los nuevos propietarios.

Sin embargo, el actual concejal de Seguridad Ciudadana, el nacionalista Jonathan Domínguez, afirmó que ese préstamo se realizó en base a la necesidad de liquidez que manifestaron los interventores para solventar los problemas del servicio y a la moción que aprobó el Pleno para pagar las nóminas que se le adeudaban a los trabajadores; con lo que, “si no hay dinero, y la Administración ha intervenido el servicio y pide también que se paguen las nóminas, la Administración está obligada a buscar los mecanismos necesarios para ello y para mantener el servicio”, explicó Domínguez, de acuerdo con lo que recoge el informe que se le encargó a dos catedráticos de Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL) que sirvió de base para levantar los reparos del dictamen del interventor. Un crédito que, además, la empresa devolvió en tres meses, según enfatizó el edil.

Organismo asesor

El representante de XTF-NC, Juan Luis Herrera, señaló que en vez de pedir y pagar un informe a estos catedráticos de la Universidad de La Laguna se podría haber solicitado, de forma gratuita, a la Junta Consultiva Administrativa de Contrato Público, un organismo que asesora a las administraciones en este tipo de actuaciones. “Desde luego, surgen dudas, porque no sabemos qué hubiese dicho la Junta Consultiva, que daría más garantía de imparcialidad, pero hubo una decisión política de optar por que ese informe lo hicieran catedráticos de la ULL, y pagando”, apuntó. “La sensación ahora con respecto al préstamo es que se ve que lo que hubo en el fondo fue una decisión política”, enfatizó.

A juicio del portavoz de Unid@s se puede, “en las comparecencias que hemos escuchado nos ha quedado muy claro, por distintas intervenciones, que el préstamo se da para poder prorrogar el servicio”, cuando “tengo constancia de que en aquel entonces hubo propuestas claras de que esa empresa fuera gestionada a través de Muvisa y se le planteó al concejal responsable del área”.
“Y es una alternativa que, cuando se ha comentado en la comisión, los técnicos han dicho que hubiese sido una buena solución, porque solventaba el problema de los empleados, se aseguraba que el servicio se hacía en condiciones y se acababa con un proceso de irregularidades y de faltas graves”, añadió.

¿Hubo un impago consciente para lograr que vendiera?

Ante esta pregunta, cabe destacar la comparecencia ayer del tesorero en activo hasta agosto de 2010, quien dijo que hasta esa fecha, al menos, los pagos del Ayuntamiento de La Laguna a la empresa del servicio de grúas habían sido regulares. Sin embargo, José Padilla, expropietario, había declarado ante la Guardia Civil que hubo un impago consciente “para lograr que vendiera, como declaró ayer Rubens Ascanio.

Jonathan Domínguez se aferró a la declaración del tesorero contra las sospechas de que el Ayuntamiento retrasaba los pagos para forzar al primer propietario a vender la empresa.

En la próxima reunión de la comisión de grúas del Ayuntamiento de La Laguna, el próximo 6 de febrero, comparecerán los sustitutos del tesorero, desde agosto de 2010 hasta la actualidad, para completar esta información y poder conocer con detalle la radiografía pormenorizada de una empresa sobre la que recaen numerosas sospechas respecto a la transparencia de su gestión. Además, Rubens Ascanio señaló que han pedido los arqueos de la caja municipal “donde se plasma lo qué se va pagando y en qué momento, para ver la regularidad de esas fechas. Si en 2011 o a finales de 2010 se detecta un movimiento extraño, sería una prueba documental definitiva”, enfatizó el dirigente de Unid@s se puede.

Un préstamo sin cobertura legal alguna

El dictamen de la Intervención municipal es rotundamente contrario al ‘salvavidas’ económico que se lanzó a una empresa ya intervenida

Por Tinerfe Fumero / Santa Cruz de Tenerife

El dictamen no deja lugar a dudas: el préstamo de 120.000 euros realizado por el Ayuntamiento de La Laguna en 2014 a la empresa concesionaria del servicio de grúas municipal no había por dónde sustentarlo desde la perspectiva jurídica. Así lo entendió la Intervención General del Consistorio de la Ciudad de los Adelantados entonces y, tal y como se puso de relieve ayer durante la comisión que estudia el caso, su postura no ha variado, sino que incluso se extiende a rechazar el posterior informe encargado a unos catedráticos de la Universidad de La Laguna para justificar este salvavidas económico a una compañía que ya había sido intervenida ante el caos económico que presentaba.

Como ya se publicó en su día, a juicio del interventor no hay cobertura legal ni para la propuesta del anticipo (dicho en sentido amplio) ni para su regulación, si bien es cierto es que tampoco se molestó mucho en justificarlo el equipo de gobierno del entonces alcalde, y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Asegura el interventor en su informe que “el único precepto que se invoca en los fundamentos jurídicos de la propuesta es el relativo a la competencia del órgano, la cual carece de fundamentación”. La aprobación de una proposición de estas características -continúa el documento-“no es materia sobre la que recaigan las competencias recogidas” en las disposiciones adicionales del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Cabe recordar que la solicitud de que se presten esos 120.000 euros parte del Área de Seguridad Ciudadana (cuyo concejal era el hoy alcalde José Alberto Díaz), cuando la Intervención asegura que “la competencia prevista normativamente para realizar pagos corresponde al ordenador de pagos o persona en quien delegue (…), o al teniente de alcalde de Hacienda y Servicios Económicos”. Continúa el informe de este organismo, cuya razón de existencia es la de ejercer un control y fiscalizar internamente la gestión económico-financiera y presupuestaria del Ayuntamiento lagunero, recordando que en caso de no subsanarse esta falta de sustentación jurídica, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común “sanciona con la nulidad de pleno derecho los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia”.

Tras detallar que tampoco tiene cobertura legal cómo se llevará a cabo lo que se propone, el interventor muestra el camino correcto para llevarlo a buen puerto, a la par que recuerda que, de hacerlo como es debido, “se derivan varias consecuencias que tampoco se prevén en el expediente”.

Resta añadir que, cuando finalmente se facilitó este dinero a la concesionaria, el equipo de gobierno justificó el préstamo asegurando durante un pleno que así se podría pagar a los empleados (a quienes se les adeudaban varias mensualidades), pero en realidad gran parte de los 120.000 euros acabaron siendo objeto de distintos embargos ejecutados por deudores tales como la Seguridad Social.

 

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