El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha ofrecido este miércoles su valoración por el caso del catedrático Santiago Romero, condenado a siete años de prisión por tres delitos de abusos sexuales y uno de lesiones cometidos sobre dos profesoras y una becaria de investigación, respecto del cual ha pedido “perdón a la sociedad” en nombre de la institución, ya que “cuando uno de los nuestros comete actos como éstos la universidad se empobrece”.
Asimismo, ha lamentado la “lastimosa” lentitud de las instancias judiciales en el asunto, ya que desde la primera denuncia hasta la sentencia condenatoria han pasado seis años, “un tiempo demasiado largo”.
En rueda de prensa, Castro, cuyo discurso no ha estado exento de autocrítica al señalar que la actuación de la US probablemente podría haber sido “mejor” en el tema, sí ha cargado las tintas en reiteradas ocasiones contra el estamento judicial, ya que desde el mismo momento en que la Justicia se hace cargo del caso –fue la propia sede académica la que llevó el suceso a Fiscalía– el expediente disciplinario que la universidad inició en noviembre de 2010, dos semanas después de la primera denuncia y dos meses antes de llegar a los juzgados, contra Romero quedó paralizado por imperativo legal.
Hasta tomar esta semana esa resolución, la US llevó a cabo una serie de iniciativas, fundamentalmente para garantizar el alejamiento de las denunciantes y el encausado y el correcto desarrollo de la labor de las víctimas, como estancias académicas en distintas sedes universitarias, diferenciación física de los departamentos de la facultad en los que desarrollaban su actividad o atención psicológica.
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