VICENTE PÉREZ / TINERFE FUMERO
No lo tendrán fácil los nuevos consejeros nombrados por Fernando Clavijo. Les quedan dos años y medio de legislatura, en el supuesto de que la acabaran. Pero hasta entonces pueden pasar muchas cosas: una moción de censura, la entrada del PP en el Gobierno canario -lo que obligaría a una remodelación del Ejecutivo- y, por lo pronto, tener que negociar en el Parlamento canario iniciativa por iniciativa, dada la clara minoría de CC para gobernar (18 de 60 diputados, y aún solo con un aliado entusiasta, los 3 de ASG).
Los cuatro nuevos consejeros manejarán unos 3.700 millones de euros, la mitad del presupuesto del Gobierno canario para este año. Todos ellos tienen que afrontar numerosos retos. En Sanidad, José Manuel Baltar, reputado gestor de la privada, tendrá que hacer bastantes números -es matemático- para cambiar las insoportables estadísticas de las listas de espera, terminar y equipar los nuevos hospitales insulares y comarcales -los del norte y el sur de Tenerife llegaron a ser la historia de un despropósito por falta de voluntad política, agravada por la crisis económica en los últimos años- y atender también los problemas del personal sanitario.
En Obras Públicas, Transporte y Aguas, Pablo Rodríguez, que fue concejal de Urbanismo en Telde y es diputado regional, deberá acostumbrarse pronto a la gestión pública autonómica porque le toca negociar los convenios de obras con el Gobierno de Rajoy, y, dada la afinidad de correligionario con Carlos Alonso, presidente del Cabildo tinerfeño, cabe pensar que este ya no disparará más dardos envenenados a esta Consejería regional, como hizo cuando la dirigían cargos públicos del PSOE.
En Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Cristina Valido aportará la mucha experiencia adquirida en el Cabildo tinerfeño. Su antecesora socialista le deja un legado que le aligera peso en algunos asuntos, como la PCI, la tramitación de expedientes de dependencia y menos paro. Pero la pobreza, la exclusión social, la demanda de viviendas, siguen galopantes y la demanda asistencial no le dará aún tregua a la nueva consejera.
Y en Presidencia, Justicia e Igualdad, el nuevo consejero, José Miguel Barragán, que hasta ahora era viceconsejero de Presidencia, tiene el reto de construir nuevos juzgados y afrontar la modernización que necesita la Administración autonómica.
Valido hereda de su antecesora una PCI mejor gestionada, pero todavía un nivel grave de paro
La destituida consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, la socialista Patricia Hernández, dejó una mejor herencia a su sucesora, Cristina Valido (CC), que la que ella recibió de Coalición. En especial en la gestión de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), con miles de nuevos beneficiarios, así como en la administración de expedientes de la ley de dependencia, sin olvidar la bajada del paro (el 7,39% menos en 2017) y la elaboración del proyecto de Ley de Servicios Sociales.
Pero son mejoras que no pueden aún tapar las enormes necesidades de la sociedad canaria, que está a la cola en muchos indicadores. Las personas o familias que aspiran en Canarias a una ayuda por dependencia se cuentan por varios decenas de miles; el desempleo aún afecta a 230.000 canarios, más de la mitad de ellos (concretamente el 54,4%) carece prestación, y decenas de miles de isleños no acceden a una vivienda oficial.
Valido tiene amplia experiencia (10 años) al frente de políticas sociales del Cabildo de Tenerife, por lo que su llegada al Gobierno regional garantiza que no perderá mucho tiempo en introducciones y se pondrá al tajo de inmediato.
En Empleo, Valido tendrá que seguir batallando para que el PP restablezca la financiación del Plan Integral de Canarias (PIEC), dado que, además, Fernando Clavijo le ha privado de decenas de millones en dos años para este fin en el Fdcan para darlos a los cabildos, como pedía Carlos Alonso (CC), presidente del tinerfeño.
Negociar los convenios de obras públicas con el Estado, una prueba de fuego para Pablo Rodríguez
Encumbrado hasta la Vicepresidencia del Gobierno para proyectarlo aún más en Gran Canaria, en busca de un líder que gane el peso electoral perdido, Pablo Rodríguez se estrenará pronto en la negociación de los nuevos convenios de infraestructuras con el Estado, en especial el de inversiones en Carreteras, diezmados por los recortes de Rajoy, puesto que es consejero regional de Obras Públicas y Transporte.
Se trata de una de las consejerías que, desde que en 2015 la asumiera el PSOE hasta la reciente ruptura del pacto, ha sufrido más ataques desde Tenerife por parte de la propia CC: Carlos Alonso, presidente del Cabildo, no paró de criticar a Ornella Chacón, la anterior consejera, a cuenta de los atascos en el área metropolitana y el túnel de Erjos pendiente para terminar el anillo insular.
Pero la realidad es que con el equipo de Chacón se terminaron todas las obras que estaban paradas en Tenerife cuando ella accedió al cargo. Chacón era reticente a que el Cabildo tinerfeño asumiera, por insistente empeño de Alonso, la licitación del caro cierre del anillo insular, por ser de interés autonómico, y en su lugar pretendía que la pagara el Estado. Con el nuevo vicepresidente regional, Alonso se las promete felices, si jurídicamente los técnicos dan cauce a esta petición.
Rodríguez deberá afrontar también el problema de las colas en la TF-5, aunque el anterior equipo de Chacón aseguró que si no ha licitado la obra que lo solucionaría en La Laguna es porque el Cabildo ha preferido el carril VAO.
El nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, la gran cuenta pendiente para Barragán
José Miguel Barragán acumuló cinco legislaturas de actividad parlamentaria y otros tantos años de máxima dirección en Asamblea Majorera y luego en Coalición Canaria. Ahora le toca gestionar Presidencia, Justicia e Igualdad. Poniendo el foco en el apartado de Justicia, el majorero tendrá que afrontar uno de los principales compromisos del anterior equipo: construir de una vez el nuevo Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife.
Este inmueble, proyectado en su día y cuya construcción se frustró a raíz de la crisis, se ha convertido en una necesidad perentoria para el normal funcionamiento de la administración de Justicia en el partido santacrucero. Sirva como ejemplo de la escasez actual de sedes el que hay dos juzgados de la capital tinerfeña ubicados temporalmente en La Laguna, algo de por sí prohibido por la legislación, pero que se camufla al tratarse de refuerzos para los ya existentes.
Barragán y su equipo tendrán que retomar las negociaciones existentes para decidir finalmente dónde se erigirá el nuevo Palacio, ya que hay implicadas otras dos administraciones. Por un lado, sus compañeros de Educación en el propio Ejecutivo regional no terminan de ver clara la permuta propuesta por Justicia en el uso previsto para un solar en Cabo-Llanos. Por otro, el Ayuntamiento capitalino exige una planificación adecuada a la hora de instalar una infraestructura que acogerá diariamente a miles y miles de personas. Resta añadir que Puerto del Rosario tiene exactamente el mismo problema de sedes.
Las listas de espera, una losa sobre Baltar, que antes del cargo sugirió erradicarlas con la sanidad privada
El nuevo consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, tendrá tendrá que lidiar, como sus antecesores, con las insoportables listas de espera. El pasado año eran más de 90.000 los canarios que esperaban por una operación, una prueba o una consulta con un especialista. Cifra que su propio antecesor, el socialista Jesús Morera, médico, dijo que no podía remediar con el presupuesto con que contaba. Incluso con el aumento de fondos previsto para este año, se sabe que se quedará corto.
Pero Baltar viene con el marchamo de gestor de hospitales, durante 15 años en la sanidad pública y luego 20 en la privada, en el Grupo San Roque, que tiene contratos con la Consejería, que le pusieron 16 millones en 2015, el 28% del total de conciertos en Gran Canaria. La oposición parlamentaria, en especial el bloque de izquierdas, le pondrá el foco para ver qué papel le asigna a la sanidad privada. De hecho, Morera había iniciado la puesta al día de estos contratos, y tenía técnicos dedicados expresamente a ello, porque se trata de adjudicaciones, en algunos casos de finales de la dictadura franquista y principios de la democracia, hechas a dedo y no adaptadas a la ley vigente de contrataciones públicas.
También deberá elaborar un Plan de Salud, pues el actual se aprobó para una corta vigencia, hasta fines de este año. No menos importante será comprobar cómo evolucionan con Baltar las obras y equipamientos de los nuevos hospitales públicos, así como su política con el personal sanitario y las urgencias hospitalarias.
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