“No hay interés por conocer la verdad, qué ha pasado en la gestión del servicio municipal de grúas en La Laguna”, afirmó ayer el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, tras la reunión semanal de la comisión de estudio de este caso, en la que comparecieron Antonio Pérez Godiño, exconcejal de Seguridad y de Haciendo, los dos catedráticos de la Universidad de La Laguna (ULL) que elaboraron el informe que levantó el reparo al préstamo municipal de 120.000 euros, y Francisco Javier Ramos, de los últimos empleados en ser despedido -y que tuvo que ser readmitido, aunque se le abona el sueldo sin tener que ir a trabajar- y uno de los denunciantes del supuesto robo de piezas en el depósito.
“Hoy [por ayer] sí que me queda una impresión muy clara -añadió Ascanio- de que hay una parte de los integrantes de la comisión que están empeñados en que solo se estudie el expediente administrativo y que nada que esté fuera del mismo puede ser objeto de debate, cuando aquí hay unas causas políticas”, subrayó, en referencia al PP y a CC. Sin embargo, el edil insistió: “Nuestra labor es saber si los responsables políticos hicieron la tarea necesaria y tomaron las mejores decisiones en función del interés general”. Unas cuestiones que “vamos a tener que clarificar”, por lo que, según precisó, no descartan “buscar otras vías” si la comisión no está dispuesta, porque “evidentemente hay irregularidades”.
Tomar medidas
En esta línea, el portavoz de XTF-NC en la comisión, Juan Luis Herrera, sostuvo que los responsables políticos están “echando balones fuera y quitándose de encima cualquier manera de ahondar en la investigación”. “Pero, aunque no quieran ahondar -apuntó-, sí que se acaban viendo contradicciones; otra cosa es el dictamen de la comisión, donde tienen mayoría”. Por ello señaló que “si hay muestras de irregularidades que no se ponen de manifiesto en el dictamen, tendremos que tomar medidas”. Mientras, el concejal de Seguridad Ciudadana, el nacionalista Jonathan Domínguez, respondió que el Ayuntamiento solo se dedica a administrar un servicio público y que “si alguien tiene alguna duda, que no tenga que ver con la gestión que vaya a los juzgados”. Denunció, además, que se está intentando una “manipulación para llegar a una verdad que algunos defienden y que no es la que está en el expediente”.
En cuanto a la intervención de Godiño, Ascanio y Herrera sostuvieron que fue “un poco decepcionante”, porque “siguió el manual de estilo del alcalde y la directriz de CC en esta comisión, y básicamente remitió al expediente” a todo lo que se le preguntó, porque “no recordaba exactamente todo lo sucedido”, indicó Rubens Ascanio. El exedil manifestó, además, que “no estaba autorizado para pronunciarse sobre cosas que estaban judicializadas”, en referencia a un escrito firmado por él en 2009, en el que indicó que la custodia de los vehículos en el depósito era responsabilidad del Ayuntamiento, aunque, según Domínguez, “no tiene valor jurídico”, pues se trataba de solo una comunicación y no de un informe.
Irregularidades
Respecto a la comparecencia de Francisco Javier Ramos, el trabajador relató muchas de las denuncias que ya adelantó DIARIO DE AVISOS en base a su testimonio, el pasado enero, en cuanto al incumplimiento del pliego de condiciones en el número de trabajadores o que, desde 2011, los vehículos carecían de tarjeta de transporte, así como que el grupo de empleados que compró la empresa al propietario original, José Padilla, “no tenían el título de capacitación para transporte, requisito fundamental para realizar el servicio”, recordó Ascanio.
Los portavoces de XTF-NC y Unid@s se puede destacaron que durante esta intervención se produjo una discusión entre Francisco Ramos y Jonathan Domínguez, quien “trató de quitarle importancia a su declaración diciendo que el trabajador tenía algún problema personal con los propietarios y que lo que decía, por tanto, no tenía valor jurídico”. Información que Ascanio solicitó que forme parte del expediente administrativo que se está estudiando en la comisión. Domínguez respondió que, a su juicio, las manifestaciones de este trabajador fueron “apreciaciones personales, sin ningún tipo de argumento y solidez jurídica y que poco van a servir para el dictamen final de la comisión, porque no tienen nada que ver con el expediente administrativo”.
Respecto a la intervención de los catedráticos de la ULL, Ascanio y Herrera señalaron que “defendieron su criterio” sobre el informe que elaboraron y que fue encargado por la directora del área de Seguridad, aunque precisaron que no recordaban cuál había sido su coste, ya que formó parte del convenio del Ayuntamiento con la Fundación Universidad La Laguna.
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