Garantizar que todas las personas tengan una vivienda digna. Este es el principal objetivo que buscan el Cabildo de Tenerife y Cáritas con la puesta en marcha del proyecto Base 25, una iniciativa pionera y única en todo el Archipiélago. La idea es crear un parque de viviendas, públicas y privadas, en toda la Isla, de tal manera que se le puedan facilitar a aquellas personas en riesgo de exclusión social o que estén atravesando un desahucio. Además, esta iniciativa contempla un programa de acompañamiento para facilitar, entre otras cuestiones, la inserción laboral.
Así lo adelantó a DIARIO DE AVISOS el vicepresidente y consejero de Vivienda del Gobierno insular, Aurelio Abreu, quien insistió en la apuesta de esta institución por trabajar en garantizar que todas las personas tengan un hogar digno. Para ello, el Cabildo ha presupuestado más de 550.000 euros. Por un lado, el Área de Vivienda aporta 356.000 euros, que irán destinados al abono de los alquileres de las personas beneficiarias de esta iniciativa. Además, a través del departamento de Bienestar Social y Gobierno Abierto, que dirige la consejera Coromoto Yanes, se derivan otros 200.000 euros para sufragar los gastos propios del acompañamiento familiar.
Abreu insistió en que la partida no está cerrada, sino que puede verse incrementada si hay una mayor demanda. “A través del Área de Vivienda somos susceptibles, incluso, de recibir recursos económicos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan)”, apuntó. Añadió que la idea es que el proyecto arranque en abril.
El vicepresidente insular señaló que, desde ambas entidades participantes, se están celebrando reuniones con los ayuntamientos de la Isla con el fin de que estos también se sumen aportando pisos a este banco de viviendas. Además, matizó que las personas beneficiarias de esta iniciativa serán seleccionadas de forma conjunta por parte de Cáritas y de los servicios sociales municipales. El consejero añadió que el proyecto forma parte del protocolo puesto en marcha a través de la Comisión de Personas sin Hogar del Consejo Insular de la Vivienda.
El dirigente socialista también explicó que la idea surgió después de que Cáritas ejecutase una iniciativa similar, a modo de proyecto piloto, en Santa Cruz, con usuarios sin recursos, que fueron derivados a pisos propios y con los que se llevó a cabo un trabajo de acompañamiento. “Se obtuvieron buenos resultados, con una inserción laboral de entre el 40% y el 50%”, afirmó. Con el fin de lograr una mayor integración en el mundo laboral, Abreu afirmó que estas acción se coordinará con las que lleva a cabo el Cabildo en materia de empleo, buscando así que los beneficiarios de este banco de viviendas puedan también acceder a un puesto de trabajo o un itinerario de formación. El responsable insular insistió en la importancia de esta iniciativa pionera, ya que, aunque en muchos puntos de la Isla se puede acudir a la “solidaridad familiar”, en otras zonas y otros casos no es tan fácil contar con esta ayuda. En concreto, el proyecto Base 25 tiene como objetivo la prevención del sinhogarismo a través de la constitución de un banco de viviendas en régimen de alquiler social para personas en situación de sin hogar, con acompañamiento de un equipo técnico de intervención que favorezca su proceso de inclusión social.
El banco de viviendas estará compuesta por pisos cedidos por las diferentes administraciones, tanto públicos como de las entidades bancarias o residencias cedidas por particulares o empresas, además de otras siete viviendas aportadas por Cáritas Diocesana. Precisamente, estas son las primeras que se han sumado al programa. Para ello, la entidad está ultimando su adecuación y dotación. Las personas que podrán acogerse a esta acción son aquellas que se encuentren en situación de exclusión residencial, de tal manera que están viviendo en alojamientos temporales, se encuentren con familiares o amigos de forma involuntaria, tengan notificación legal de abandono de la residencia o estén habitando en una vivienda inadecuada (en una estructura temporal o chabola, en una vivienda no apropiada según la legislación; sin servicios de agua, luz, etc.; o de forma masificada).
En todos los casos, los beneficiarios deben ser personas mayores de 18 años, sin otro tipo de alternativa alojativa y con ingresos mínimos que garanticen el pago de un alquiler social, pero que no sean suficientes para permitirle el acceso a una residencia de alquiler privado. Se priorizarán, asimismo, núcleos familiares con menores o personas dependientes a cargo.
El convenio recoge que todos los alquileres sociales se regirán por la legislación vigente y el cumplimiento del abono por parte de las personas beneficiarias será del 12% de sus ingresos.
Iniciativa del Consejo Insular de la Vivienda
El vicepresidente del Cabildo Aurelio Abreu señaló que esta iniciativa pionera surge a través de la coordinación de los miembros de la Comisión de Personas Sin Hogar, creada en el seno del Consejo Insular de la Vivienda.
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