La unanimidad lograda en el cabildo de Tenerife en torno a una iniciativa concebida para proteger los barrancos de Güímar discurre hacia un mar de dudas jurídicas y contradicciones políticas. La proposición de ley impulsada, por segunda vez, el 31 de julio de 2015 por el pleno de la corporación insular no encuentra el mismo consenso en el Parlamento. O sí, pero en el sentido inverso. A día de hoy, ningún grupo avala el texto enviado. Aunque la propuesta se tramite por mera cortesía, lo que salga de los debates, en el supuesto de que se avance en el recorrido, quizá se parezca al original como un huevo a una castaña. Y esa perspectiva no agrada al presidente de la institución promotora, Carlos Alonso (CC), que topa con los reparos que plantea el Gobierno regional pese a la ambigüedad calculada de Fernando Clavijo. Si no se encauzan las discrepancias, dos de los patrones de Coalición estarán obligados a remar en dirección contraria, precisamente cuando el partido afronta un congreso de “renovación”.
El documento llega con sendos informes negativos de las consejerías de Hacienda, Industria y Agricultura. Además del “impacto económico negativo” para las finanzas de la Comunidad Autónoma, es tachado de inconstitucional. Este detalle no menor introduce a su vez otro argumento en el careo de la oposición con el Ejecutivo por permitir que la proposición siga adelante.
Aun tratándose de los mismos partidos, las diferencias de criterio entre el Cabildo y la Cámara legislativa son notorias. Lo que se persigue desde el Palacio Insular es “restaurar el espacio que ha estado ocupado y afectado por las extracciones de áridos; recuperar sus valores ambientales, en especial los paisajísticos, y la pervivencia de las actividades agropecuarias derivadas de la desaparición de las extracciones mineras”. Alonso añade al catálogo “un corredor de infraestructuras” vinculado a las telecomunicaciones, la energía y el transporte de pasajeros para conectar el área metropolitana con el norte y sur de la isla.
La Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar celebra que se proyecte la “tan reclamada recalificación” de lo que está definido como suelo minero, y la “prohibición permanente de las extracciones de áridos”.
El punto clave de fricción radica en la exoneración del pago de la restauración para los areneros condenados a penas de cárcel por un delito contra el medio ambiente: José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia. Con un grupo Nacionalista (CC-PNC) meditativo, el PSOE, el PP, Podemos, Nueva Canarias e incluso Agrupación Socialista Gomera esgrimen que los empresarios afectados han actuado “al margen de las autoridades” al carecer de licencias. De ahí que no consentirán que se haga un traje a su medida, con manga ancha, y reclamen soluciones globales sin privilegios. En Podemos, la diputada Noemí Santana y el consejero insular Fernando Sabaté no se ponen de acuerdo sobre si es un dislate o un acicate.
Tres proposiciones insulares en esta legislatura
En el Estatuto de Autonomía residencia la iniciativa legislativa en el Gobierno, el Parlamento y en un Cabildo. Se reconoce, además, la capacidad de la presentación de proposiciones de carácter popular.
Las corporaciones insulares participarán en la Asamblea regional a través de la Comisión General de Cabildos, con funciones consultivas e informativas.
El reglamento de la Cámara determina que las proposiciones de ley de los cabildos ser examinadas por la Mesa “a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos” para continuar con el proceso. La defensa del articulado ante el pleno la realizarán los consejeros insulares que sean designados, hasta un máximo de dos. Tras la intervención de los grupos parlamentarios, que fijarán posiciones, la presidencia preguntará si se toma en consideración.
En la noventa legislatura se han cursado tres proposiciones de los cabildos: de ordenación de los barrancos de Güímar (Tenerife); la de la actividad turística en La Palma, La Gomera y El Hierro (La Palma), y la del fondo de solidaridad interinsular de Canarias (La Gomera). En la octava se contabilizaron seis; una, también sobre Güímar.
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