El presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, justificó ayer que en el último momento los tres diputados de su partido cambiarna el sentido de su voto -de favorable a desfavorable-, a la propuesta de Podemos de auditar los conciertos de la sanidad pública canaria con la privada, porque se dio cuenta de que con esa iniciativa algunos grupos parlamentarios solo querían “crear ruido” y “no buscar la reflexión”.
“Yo no me presto a ese juego porque para mí lo importante es el interés de los ciudadanos y no el ruido que se pueda crear para desgastar al Gobierno”, manifestó Curbelo el día después del pleno del Parlamento canario, en declaraciones recogidas por Efe. Antes del debate y la votación de este punto, ASG había pactado con Podemos su apoyo a esta proposición, al punto de que el grupo proponente había aceptado una enmienda del partido gomero. Al final, el voto en contra de ASG impidió que saliera adelante, ya que el respaldo de los diputados del PSOE y de Nueva Canarias resultó insuficiente para poder aprobarla. PP y CC votaron en contra también.
Canarias es la tercera región española con mayor volumen de contratación de la pública con la privada, en torno a 200 millones de euros anuales, según refirió el diputado de Podemos Juan Márquez, quien dejó patente que algunos conciertos datan de la época de la dictadura o de los inicios de la democracia, pese a que la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias establece que el SCS solo podrá establecer convenios con la sanidad “con carácter excepcional y por un tiempo limitado”.
Márquez tachó de “no creíble” la excusa de ASG para justificar que frustrara a última hora el acuerdo parlamentario. “Algún tipo de llamada tuvo que recibir, y Curbelo tiene muy difícil buscar una excusa, cuando además utiliza exactamente la misma estrategia de Clavijo, para quien todo lo que sea fiscalizar a su Gobierno es ruido”, afirmó el diputado grancanario.
ROMÁN RODRÍGUEZ: “INTERPRETO QUE CC LLAMÓ A CURBELO PARA QUE CAMBIARA EL VOTO”
Sobre este giro vertiginoso de los tres diputados gomeros, hizo ayer una lectural el portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez: “Yo interpreto que si ASG primero dijo sí y luego no es porque CC les pidió que votaran en contra, porque hay una entente no escrita, para que CC no sufriera una derrota parlamentaria, y luego pasa lo que pasa, que cada uno lo explica como puede”.
Rodríguez, que fue director general del Servicio Canario de Salud en la última década del pasado siglo, recordó que fiscalizar el gasto público “es una obligación legal” y defendió auditar los conciertos con la privada. Es más, sostuvo que si él fuera empresario del sector privado, lo pediría, “porque cree que no hay cosas que ocultar”.
Opina el líder de NC que la Audiencia de Cuentas debería hacer este trabajo, y si no cuenta con medios, recurrir a contrataciones externas. Sugirió para ello, como propuso en la enmienda a la propuesta de Podemos, que fue aceptada, reducir el periodo analizado a cuatro años y empezar por la parte de hospitalización.
AUDITAR LOS COSTES, PENDIENTE
Podemos pretendía que se hiciera una auditoría de los servicios concertados entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y hospitales privados para “determinar si se han adquirido las prestaciones concertadas en la cantidad, calidad y coste más adecuado, si existe un sistema adecuado de control de la gestión de las prestaciones concertadas y si la gestión directa podría obtener mejores resultados”.
Según relató Márquez en el pleno, en abril de 2014 el Parlamento aprobó fiscalizar los contratos con la sanidad privada, y dos años más tarde, la Audiencia de Cuentas respondió que no podía asumir tal encargo por falta de medios, y solo examinó 2014, “dado el volumen importante” de esta concertación.
En 2016 el Parlamento acotó el periodo para examinar de 2012 a 2015, aunque, según denunció el diputado de Podemos, del encargo se omitió un objetivo clave del acuerdo original: analizar si el coste de las prestaciones cobradas por la sanidad privada a la pública era el adecuado y si la alternativa a la gestión directa podría ofrecer mejores resultados.
CONTRATOS NO ACTUALIZADOS
La Intervención de la Comunidad Autónoma ha pedido en los últimos años adecuar los contratos con la sanidad privada a la legislación vigente, dado que fueron asignados a dedo -algunos datan de los últimos años del franquismo o los albores de la democracia- y no han salido a concurso público, algo que el anterior consejero de Sanidad, Jesús Morera, tenía previsto hacer, en una primera fase, en los primeros meses de 2017.
Tras su destitución por Clavijo en diciembre de 2016, junto a la de los demás consejeros del PSOE, el nuevo consejero, José Manuel Baltar, ha asegurado en sede parlamentaria que proseguirá el proceso para revisar esas contrataciones, aunque los socialistas estarán vigilantes dado que proviene de gestionar en las últimas dos décadas hospitales de un grupo empresarial de la sanidad privada.
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