¿Puede una ONG decidir a quién atiende y a quién no? ¿Puede obligar a que la atención que da sea a cambio de una contraprestación? Estas son algunas de las preguntas que ayer la oposición municipal en Santa Cruz, a excepción de C’s, puso sobre la mesa en la rueda de prensa que ofreció en compañía de la Plataforma 29-E y la Plataforma por la Dignidad. El origen de estas preguntas está en el enfrentamiento que vecinos del Suroeste mantienen con la entidad Sonrisas del Suroeste, que reparte alimentos a unas 900 personas en el distrito. Esta ONG, según denuncian las plataformas, “obliga” a los usuarios a acudir como voluntarios a las recogidas de alimentos que se organizan en los supermercados, de no hacerlo ellos o en su lugar algún familiar, la ONG se reserva el derecho de suspender la atención. Una veintena de declaraciones juradas fueron presentadas a modo de prueba por las plataformas. En ellas puede leerse cómo estos vecinos, afirman, son mal atendidos, e incluso si no colaboran “voluntariamente” en trabajos como la descarga de alimentos de los camiones, serán derivados a otras entidades. También que, en muchas ocasiones, han recibido alimentos caducados. Las plataformas y los grupos políticos pedían ayer que se investigaran estos hechos y la asunción de responsabilidades.
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Asuntos Sociales, Óscar García, salió al paso de las acusaciones, asegurando que el Consistorio no tiene constancia alguna de las quejas dadas a conocer. “Las entidades de reparto de alimentos en Santa Cruz son 36, atienden a 12.000 familias, pero el hecho de que una de estas 36 entidades haya presentado en el Ayuntamiento una solicitud para que un número no mayor de 12 personas, de las 900 que atiende, sean derivadas a otras entidades del municipio, no justifica que se pida la dimisión de este concejal”. Con respecto a la denuncia específica de las plataformas contra la forma de actuar de Sonrisas del Suroeste, detalló que “se está hablando de problemas particulares en un barrio concreto de Santa Cruz, no se puede generalizar”. Añadió que “la solución es acompañar a las familias a las UTS para que las deriven a otras entidades de reparto”. Ante la duda de si es legal que los usuarios descarguen camiones para recibir comida, García señaló que “esta entidad ha explicado que estas normas de organización se vienen dando desde 2014, momento en el que se puso en marcha un reglamento para las entidades de reparto, en concreto esta. Ellos aseguran que se han sacado de contexto”.
Un nuevo modelo
Precisamente, que el reparto de alimentos en la ciudad esté en manos de entidades particulares, “por muy buena voluntad que tengan”, es la principal crítica que la oposición hace al actual sistema. Asunción Frías, concejal de Sí se puede, explicó que las irregularidades que denuncian las plataformas ponen de manifiesto que es necesario “un mayor control en el reparto de comida”. “Las quejas y denuncias lo que evidencian es que hay que cambiar un modelo que se apoya en la beneficencia”, añadió.
Tanto para Sí se puede como para el resto de las formaciones que ayer comparecieron en rueda de prensa, “las administraciones públicas no pueden dejar únicamente en manos de las ONG el reparto de alimentos, deben garantizar los derechos de los usuarios y su acceso a las ayudas, y máxime cuando es el propio Ayuntamiento el que deriva a estas personas a las ONG”.
La concejal socialista Elena Mateo coincidió con Frías en que el bono de alimentos es la solución más eficaz. “Es una medida que llevamos demandando desde hace dos años y aún no se ha hecho nada”, lamentó. Mateo se solidarizó con las vecinas que ayer denunciaron su situación y exigió que se investigue a fondo la cuestión. Los grupos, además, pidieron que se realizara una auditoría municipal de todas las entidades que realizan el reparto de alimentos en la capital, así como implantar un sistema “más digno” en el que las personas no tengan que hacer colas para recibir alimentos para sus familias.
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