El Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Parlamento y que sus miembros solo podrán ser detenidos durante su mandato en caso de flagrante delito cometido en el ámbito territorial de la región. Pese a las graves acusaciones vertidas sobre el Festival de Música, no parece que ese sea un motivo que justifique el procesamiento de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes. De hecho, la oposición culpa al presidente, Fernando Clavijo.
Descartada la cuestión de confianza, por razones obvias de supervivencia, y congelada la moción de censura, la operación de desgaste del Ejecutivo en minoría, tras la ruptura con el PSOE, incorpora la reprobación de Lorenzo como palanca para impulsar el cambio de rumbo. Si el PP llegara a materializar sus intenciones, anunciadas antes de la interpelación en el pleno de esta semana, Clavijo volvería a quedar retratado en su soledad. Se supone que únicamente los tres diputados de Agrupación Socialista Gomera (ASG) acompañarían a los dieciocho del grupo Nacionalista en la foto de familia, con lo que la diferencia sería de 39 a 21 en favor del bloque alternativo.
Así como la recusación implica apartar de un procedimiento administrativo o judicial a un juez, un testigo, un perito o determinado alto cargo, básicamente por carencia de objetividad, una reprobación no tiene efecto jurídico alguno. Viene a ser como una proposición no de ley, que en ocasiones sirve de acicate para picar la curiosidad. En esta circunstancia se trataría de una afrenta.
Antecedentes: Inés Rojas o José Manuel Soria
La figura de la reprobación no es inédita en la actividad parlamentaria de Canarias. En 2014, CC y el PSOE impidieron que prosperara una contra la consejera Inés Rojas por el asunto de la dependencia. El PP emplazó a los socialistas a “decir en público” lo que criticaban “en privado”. En 2009 fue al revés: Coalición y el Partido Popular evitaron la amonestación al vicepresidente, José Manuel Soria.
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