Un informe de la Policía Local de La Laguna, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, demuestra que en mayo de 2011 los agentes encontraron, al menos, casi medio centenar de incidencias en vehículos retirados por el servicio de grúas y ubicados en el depósito municipal.
En concreto, este informe se inicia para investigar sobre “la supuesta comisión de ilícito personal” sobre un vehículo concreto depositado en este recinto municipal, a partir del cual se desarrolló “un examen exhaustivo en el resto de vehículos” depositados en este espacio, con el objetivo de “instruir las diligencias policiales oportunas para poner en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente la supuesta comisión de ilícito personal, desarrollar el servicio de investigación policial ante la comisión de una infracción penal y averiguar la identidad del autor o autores”.
Tras una primera inspección ocular, el informe concluye que tanto el vehículo por el que se inició el expediente como en otros ubicados en el depósito, de diferentes marcas y modelos, “se observa que han sido desvalijados y saqueados de gran cantidad de piezas y componentes de motor, carrocería y de interior, existiendo indicios suficientes y bastante evidentes de repetirse la supuesta comisión de un ilícito penal”.
En concreto, se revisaron 104 vehículos, de los que 46 presentaban incidencias como rotura de cristales, falta de retrovisores, volante, ruedas, así como piezas y componentes del motor o del interior. De estos 46 vehículos, 15 tenían la categoría de residuo sólido. Asimismo, en el informe se reseña que, en aquel momento cuando se realizó, en el depósito también había “un número incalculable de motocicletas y ciclomotores, los cuales la mayoría presentaban bastantes incidencias de conservación y carencia de componentes y repuestos”.
Por otra parte, se apunta que el depósito municipal de vehículos no contaba “con ninguna medida de seguridad para evitar la posible comisión de actos vandálicos y/o delictivos”, así como que “el recinto tan solo se encuentra delimitado en su perímetro por un vallado de unos dos metros de altura, ampliada por unos tendidos de alambra que prolongan la altura del vallado, dificultando el acceso desde fuera”.
A este respecto, el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, afirmó ayer que, a su juicio, se trata de un informe “muy contundente”, por lo que ha solicitado que se incluya en el expediente que se está debatiendo en la actualidad en la comisión especial de estudio sobre la gestión del servicio municipal de grúas, y que se reunió de nuevo ayer. “Un informe ante el cual no sabemos qué se hizo -enfatizó-. Es un expediente elaborado por técnicos municipales y no tiene ningún sentido que desde Seguridad Ciudadana no se articulara ningún tipo de expediente o iniciativa o sanción, pero no hay nada, y eso es bastante sorprendente”.
Mientras, el concejal de Seguridad Ciudadana (CC), Jonathan Domínguez, respondió que se negará a que se incluya este informe en la comisión, ya que forma parte de un procedimiento que está en el juzgado “y no del expediente que estamos estudiando, que es la gestión del servicio”, sino de “una causa que va por lo penal, entre los trabajadores, y que no tiene nada que ver con la administración”. En este sentido, añadió que, a raíz de este caso penal, la Guardia Civil solicitó información al Ayuntamiento al respecto, por lo que se envió a la Policía Local, que emitió un informe “del que la administración no tuvo conocimiento ni tenía que tenerlo porque iba por lo privado”, apuntó.
DEUDA SEGURIDAD SOCIAL
Por otra parte, en la comisión de grúas de ayer el director del área de Hacienda, Estanislao González, presentó la relación de facturas que se abonaron a la empresa de grúas desde 2009 a 2012. “En principio la información parece señalar que existió un pago regular”, apuntó Ascanio, aunque destacó que “una cosa que me llamó bastante la atención” fue que en julio de 2011 hubo más de 250.000 euros, correspondientes a cuatro meses, que se no pagaron a la empresa, sino que se abonaron a la Seguridad Social por una deuda de la propia concesionaria. Un hecho que, según Ascanio, se podría vincular con el dinero que el primer propietario, José Padilla, denunció que no se le abonó, lo que obligó a vender, aunque el edil apuntó que estas cifras y periodos se aclararán cuando Padilla comparezca en comisión.
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