La comisión especial de estudio sobre la gestión del servicio municipal de grúas en La Laguna acordó ayer reiterar la invitación al presidente canario y exalcalde del municipio, Fernando Clavijo, para que asista presencialmente a la comisión y no responda por escrito a las preguntas que se le formule, tal y como anunció recientemente que haría, según adelantó DIARIO DE AVISOS.
En concreto, la decisión de reiterar la invitación se aprobó gracias a los tres votos a favor de Unid@s se puede, XTF-NC y Ciudadanos, mientras que CC y el PP votaron en contra y el PSOE se abstuvo, lo que permitió que saliera adelante la petición. “Estamos en contra de que se opte por este modelo de declaración, sino que sea presencial, y más después de las declaraciones de José Padilla”, afirmó ayer el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio.
Padilla fue el primer propietario de la empresa adjudicataria del servicio de grúas en el municipio, quien denunció, y también relató a este periódico, supuestos retrasos intencionados por parte del Ayuntamiento, lo que le obligó a vender la empresa a siete empleados que, al parecer, tenían relación directa con Clavijo.
“Él vino a relatar que más que el propietario de las grúas era un empleado del Ayuntamiento, que se le había dicho específicamente que no molestara, que se dedicara a cobrar lo que correspondía de las grúas y que todo lo demás lo gestionaba el Ayuntamiento, empezando por las contrataciones de personal”, explicó Ascanio. En este sentido, indicó que se le preguntó cuál era el mecanismo de contratación y “nos certificó que eran cargos políticos los que decidían” quienes tenían que ser contratados. “Él dijo que Clavijo era el responsable directo de todas estas decisiones y que estaba perfectamente al tanto del pliego de condiciones”, añadió.
Asimismo, el representante de XTF-NC, Juan Luis Herrera, señaló que, a una pregunta suya, Padilla confirmó que, en algún momento, le habían obligado a hacer algún pago al margen del servicio, como, por ejemplo, “dijo que una vez la empresa recibió una llamada de un responsable municipal pidiendo mil euros para pagar una comida que tenía Clavijo con unos jueces”, apuntó Ascanio. Un hecho en el que, según Herrera, se puede “ver o intuir que detrás hay cosas delictivas”.
El edil indicó que Padilla también relató que los siete empleados que finalmente compraron la empresa llegaron a “cambiar el candado del depósito de grúas para tener el control del espacio, porque ya veían como un hecho consumado que iban a ser los nuevos dueños”.
“Luego se ratificó en las declaraciones que había hecho en otros ámbitos con respecto a que se le debían facturas de varios meses, que fueron abonadas a los que compraron la empresa -continuó explicando Ascanio-. Y con respecto a estas personas, certificó una vez más el papel de Clavijo y el concejal Antonio Pérez Godiño a la hora de sugerir que vendiera la empresa a estos empleados”.
Por todo ello, a juicio de Ascanio y Herrera se hace imprescindible la comparecencia en persona de Clavijo porque está “directamente implicado”. “Y si no quiere venir que lo diga, pero solicitar las preguntas para responder por escrito es faltar el respeto a la comisión”, enfatizó Herrera.
“INTERÉS POLÍTICO”
Asimismo, el portavoz de Unid@s destacó que la impresión del partido, compartida por XTF-NC, es que “evidentemente hay un gestión política que ha influido enormemente en la decisiones tomadas respecto a este servicio, es un caso más que claro de interés político que general”.
La siguiente reunión tendrá lugar el próximo 13 de este mes, en la que se espera la comparecencia del socialista Gustavo Matos y de Alejandro Cordero, director del servicio y uno de los interventores, para que clarifique algunos aspectos. “A partir de ahí tendremos que decidir qué hacer, Antonio Alarcó está a favor de no convocar a nadie más y empezar a redactar ya las conclusiones y otros grupos expresamos nuestras dudas porque hay que ver si hace falta convocar o no a más para clarificar datos”, añadió Ascanio.
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