Cáritas Diocesana de Tenerife ha puesto en marcha, en colaboración con el Cabildo tinerfeño, un proyecto para dotarse de un parque de viviendas que puedan ser aportadas a familias en riesgo de exclusión, en régimen de alquiler social. Esta iniciativa, que tiene como fin principal prevenir el sinhogarismo, ya ha facilitado ayuda a una familia, mientras que se prevé que las seis viviendas restantes disponibles (aportadas por la propia ONG) puedan estar habitadas en los próximos meses. Así lo adelantó a DIARIO DE AVISOS Úrsula Peñate, coordinadora del área de Acción Social de Cáritas, quien, además, apuntó que se está trabajando con otras administraciones públicas y con las entidades bancarias para que cedan también recursos a este parque de viviendas. En concreto, señaló que el Gobierno de Canarias ya ha cedido un recurso alojativo y La Caixa ha hecho lo propio con un total de 30 pisos. Asimismo, se está negociando con otros bancos para que, paulatinamente, se puedan ir sumando a esta iniciativa.
Peñate explicó que la familia que ya se está beneficiando de este proyecto, denominado Base 25, es una mujer, con menores a su cargo, que residía en una vivienda que se encontraba en mal estado. La responsable de Cáritas recalcó que la medida está destinada, principalmente, a personas en riesgo de perder su vivienda, para evitar posibles situaciones de sinhogarismo. Añadió que la entidad social dispone de otros recursos enfocados a las personas sin hogar.
El proyecto nació en el seno de la Comisión de Personas sin Hogar del Consejo Insular de la Vivienda del Cabildo tinerfeño. De hecho, el Gobierno de la Isla destina una partida de 550.000 euros este año, que se podría incrementar.
Las personas que podrán acogerse a Base 25 son aquellas que se encuentren en situación de exclusión residencial, de tal manera que estén viviendo en alojamientos temporales, se hallen con familiares de forma involuntaria, tengan notificación legal de abandono o estén habitando en una vivienda inadecuada (en una estructura temporal o chabola, en una vivienda sin servicios de agua, luz o de forma masificada). En todos los casos, deben ser mayores de 18 años sin otro tipo de alternativa alojativa y con ingresos mínimos que garanticen el pago de un alquiler social, pero que no sean suficientes para permitirles el acceso a una residencia de alquiler privado.
Se priorizarán núcleos familiares con menores o personas dependientes. La cuota de los alquileres sociales se regirá por la legislación vigente y el abono de los beneficiarios será del 12% de sus ingresos.
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