El investigado por supuestos malos tratos y conductas vejatorias sobre varios de los usuarios con discapacidad del Centro de Triana, José Amén Mustafá, ha sido llamado a declarar por el juez que instruye el caso en el Juzgado número 1 de Los Llanos de Aridane, citación que tiene fecha para el próximo 17 de mayo.
Esta toma de declaración al investigado, director del centro y supuesto autor de los hechos constitutivos de un posible delito de malos tratos y acciones vejatorias, sobre las personas con discapacidad física y mental a las que debía proteger y garantizar una vida digna, da continuidad al caso que ha constituido uno de los mayores escándalos sociales de la isla de La Palma, todo ello como resultado del expediente abierto por el Cabildo insular de La Palma en 2013, después de que la familia de una de las usuarias solicitase amparo al Cabildo para garantizar la calidad del servicio, del que es titular la institución pública y cuyos mecanismos de vigilancia, en manos de un equipo técnico alertado previamente por la denunciante a la que no dieron ninguna solución, fallaron.
Una de las afectadas, una joven autista de 21 años de edad, según consta en el expediente del Cabildo, la sometían aislamiento en lo que los técnicos han denominado cuarto de aislamiento y que el psicólogo del centro, para el que la acusación de la familia de esta joven pide la inhabilitación profesional, denominaba “espacio reeducativo”. Es solo una de las respuestas del psicólogo y director del centro a las conductas autolesivas de este mujer con discapacidad, sobre la que pautó y ejecutó la colocación de sujeciones mecánicas incumpliendo el protocolo, incluso durante sus horas de descanso, vulnerando sus derechos.
Los cubos de agua fría vertidos sobre algunos de los residentes y el castigo sin comer o acercándoles sus propias heces, son algunos de las prácticas recogidas en el expediente, en el que, conociendo su apertura, quisieron participar profesionales sanitarios que, años antes, habían advertido de prácticas inhumanas y que fueron despedidos o apartados del servicio.
Si bien el Cabildo intervino el centro y rescindió el contrato a la empresa adjudicataria del servicio, Sercade, el juez ha denegado la posibilidad de que la entidad pública actúe como denunciante, dada la responsabilidad civil que podría ostentar como máximo responsable del centro que Sercade gestionó durante 5 años.
El Cabildo tuvo conocimiento de problemas en el Centro de Discapacitados de Triana siete meses antes de que se decidiera a apartar del servicio al director, y tras ser alertado por la única familia que presenta acusación junto a la Fiscalía, que decidió actuar de oficio tras tener conocimiento de los hechos tras recibir el expediente abierto por el Cabildo.
También se ha personado como acusación en este proceso la Plataforma de Atención Insular a la Discapacidad (Indispal), que agrupa a una quincena de asociaciones de personas con discapacidad de La Palma y que decidió dar el paso tras decidirlo en el marco de una asamblea celebrada meses después de que se conocieran los hechos.
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