La historia de la empresa pública Parque Marítimo S.A. (Pamarsa) está directamente ligada al acondicionamiento del litoral del Puerto de la Cruz. Además de la regeneración de las playas de Punta Brava y Martiánez, el reto de hace cuatro décadas fue crear un gran parque que combinara los usos recreativos y culturales con un inmenso jardín junto al mar que, además, por su ubicación, posibilitaría la defensa y regeneración del barrio marinero de La Ranilla.
La primera Corporación democrática del Puerto de la Cruz solicitó y obtuvo del Estado la concesión administrativa para ocupar 93.000 metros cuadrados de dominio público terrestre con este fin, con arreglo al proyecto suscrito en agosto de 1981 por los ingenieros Juan Alfredo Amigó y José Luis Olcina.
Dos años después, se construyó una escollera que permitió ganar al mar 110.000 metros cuadrados, donde se había proyectado construir el Parque Marítimo. Fue en diciembre de 1986 cuando el Ayuntamiento recibió el primer boceto del parque, que contemplaba la creación de un delfinario-acuario, un pequeño zoológico, un centro de festivales, un minigolf y una zona de recreo infantil. Al año siguiente decidió constituir una sociedad anónima para gestionarlo.
Este objetivo se hizo realidad el 30 de marzo de 1989, año en el que nació Pamarsa (Parque Marítimo SA), con el objeto de construir, explotar económicamente y prestar los servicios y el mantenimiento del Parque Marítimo, un proyecto que a día de hoy no se ha concretado, pese a que en 1991 se presentó el primer proyecto durante un acto celebrado en la sala Andrómeda del Complejo Costa Martiánez. Los promotores de Pamarsa fueron el Ayuntamiento, presidido por el alcalde Félix Real (PSOE), con el 51% de las acciones, y la empresa nacional Mercasa, con el 49% restante. El recientemente fallecido economista y expolítico Juan José Acosta fue su primer gerente. En 1992 Pamarsa decidió cambiar su modelo de gestión y se convirtió en una empresa pública municipal. Para ello, adquirió las acciones de Mercasa y asumió la gestión directa de una serie de servicios municipales. Una transformación que buscaba recuperar la cuantía de las inversiones realizadas en el menor tiempo posible y realizar otras nuevas.
En menos de 24 meses, la ampliación de su objeto social le permitió explotar el Lago Martiánez, el servicio municipal de jardines y el eléctrico. Más tarde asumió la gestión de los aparcamientos de la plaza de Europa, la plaza San Felipe- El Tejar y el mercado municipal; los servicios de restauración de los bares y cafeterías de Playa Jardín, Martiánez (ya desaparecida) y el bar Dinámico; el servicio de socorrismo del Lago y de las playas ya citadas además de San Telmo.
La prestación del servicio eléctrico fue, para la concejal de Hacienda, Sandra Rodríguez (CC), uno de los grandes problemas, ya que se trasladó la deuda que el Ayuntamiento tenía con Unelco. “Ahí empezó su decadencia porque hasta ese momento, por el conocimiento que tengo, no tenía pérdidas. Pero la empresa se tuvo que encargar de todo el personal municipal y hacer frente al pago de jubilaciones y premios de permanencia, entre otros conceptos”, recuerda la concejal.
Entre 2003 y 2007 el Ayuntamiento realizó un estudio de viabilidad de la empresa y surgió sacar a concesión administrativa todos los bares y cafeterías, que ganó la empresa Ródano. “En ese periodo Pamarsa empezó poco a poco a remontar, hasta el punto que entre finales de 2006 y 2007 afrontó el pago de sus deudas, incluso las que tenía con la Seguridad Social, sostiene la actual responsable de Hacienda.
Pero en 2011 esta empresa adquirió una deuda de más de dos millones de euros por derivación del impago a la Seguridad Social que supuso el fin de la concesión y una grave caída para Pamarsa, que volvió a asumir otra vez el servicio, además de las sentencias en contra, de Ródano y la deuda con la Agencia Canaria Tributaria y la justicia.
La idea inicial era que Pamarsa lo hiciera de manera temporal hasta que el Ayuntamiento volviera a sacar la concesión. Lo consiguió en 2012, cuando una unión temporal de empresas (UTE) asumió la explotación del bar en octubre de 2012. Se pactó un canon anual de 39.600 euros por diez años prorrogables a quince.
En diciembre de ese mismo ejercicio, la grave situación económica del Ayuntamiento derivó en un plan de ajuste, cuya principal medida era la disolución de la empresa pública debido a que incumple la regla de gasto y genera pérdidas, y a comienzos de 2013 se aprobó el inicio del proceso, previsto hasta el 2022. Otro motivo que perjudicó a la empresa, según la edil, fue el el cierre de la estación de guaguas, porque se perdió un estacionamiento muy grande, también gestionado por Pamarsa, y los trabajadores se reubicaron en otros servicios.
El remate final de esta situación tuvo lugar en marzo de 2015. A tan solo dos meses de celebrarse las elecciones municipales, la UTE Dinámico renunció a la concesión. El grupo de Gobierno local (CC-PP) decidió que Pamarsa se volviera a hacer cargo de la gestión del Dinámico como única forma de garantizar los empleos de 18 familias. Bonanzas y pérdidas económicas de por medio, cambios de objeto social que no dieron los resultados esperados, problemas de gestión, como señaló en su momento el propio Acosta, y enfrentamientos políticos continuos, derivaron en una situación que ya no tiene retorno debido a que el Ayuntamiento portuense tiene una obligación legal de cierre que no puede eludir. Pamarsa tiene los años contados tras casi tres décadas de servicio al Ayuntamiento y a la ciudad portuenses. Igual de irrefutable es que Pamarsa ya no será testigo del proyecto para el que fue concebida, el ansiado Parque Marítimo, cuya construcción, igual que el puerto deportivo, ni siquiera han comenzado y parecen inmunes a los plazos dados por las sucesivas corporaciones.
“Tiene que estar en manos públicas porque es una obra de arte”
Sandra Rodríguez espera que Pamarsa “no siga cayendo y arrastrando al Ayuntamiento y que ello derive en consecuencias más graves, como la obligación de su cierre inmediato”. Por eso, la edil insiste en la importancia de sacar a concesión administrativa los servicios de restauración. Pero a su juicio, el Lago Martiánez debe seguir en manos públicas, “porque es una obra de arte” y de esa manera se garantiza la protección de las esculturas de César Manrique que hay en el recinto y, por eso, el Consistorio hace un esfuerzo subcontratando a la empresa.
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