El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma aprobó derivar la investigación que hasta ahora ha venido realizando la comisión del caso de las multas perdidas a la Fiscalía ante la posibilidad de que existan hechos constitutivos de delito. Un acuerdo que se adoptó por unanimidad, pero no sin que antes se produjera un tenso debate sobre este caso en el que, según reveló el alcalde, Sergio Matos, no solo se están investigando los 161 expedientes paralizados de los que hasta ahora se ha hablado, sino de “muchos más”.
Matos defendió el dictamen de la comisión, que recoge que ante “la posible existencia de responsabilidades penales” sea la Fiscalía quien lo analice. Además concreta que la comisión de investigación “ha podido constatar que efectivamente se produjo una manipulación del boletín de remisión de denucnias de fecha de 17 de febrero de 2016 en el sentido de que no se remitieron al Negociado de Multas dos de las cinco denuncias realizadas ese día y no se ha podido indetificar quién o quienes procediron a modificar dicho documento.
Matos aseguró que “no tengo ningún temor a lo que salga de la investigación de Fiscalía. Dejemos actuar a la Justicia” En esta línea criticó el interés “político” del portavoz del PP de centrar el caso en los 161 expedientes que corresponden a su etapa como alcalde, cuando “hay muchas más multas desaparecidas”.
Juan José Cabrera recordó que el grupo popular había solicitado que se remitiera a Fiscalía muchos meses atrás porque “entendíamos que podía haber responsabilidades penales”, posicionamiento que llevó al portavoz del PP a salirse de la comisión de investigación y por el que “fui criticado en su momento”.
El portavoz del PP también criticó una cuestión de legitimidad, al denunciar que uno de los expedientes correspondía a un concejal actual de la Corporación, por lo que, a su juicio, no debía participar en la comisión. Asimismo, señala que dicho concejal, que en el transcurso del pleno se supo que era el edil de Ciudadanos, Juan Arturo San Gil, denunció en la comisión de investigación que había otro edil en la misma situación.
San Gil señaló que esa multa, de la que aseguró que no tuvo notificación alguna, fue del año 2013 cuando no era concejal, con un vehículo que usaban varias personas. Una multa que abonó en cuanto tuvo conocimiento de ella. Criticó que “algunos ponen el ventilador intentando tapar sus propios fallos, problemas e irregularidades” y recordó que Cabrera estuvo al frente del área de Seguridad el pasado mandato.
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